Minera canadiense DPM acepta la sentencia de tribunal de Azuay

La minera aseguró que "colaborará con el Gobierno para delinear los próximos pasos para las actividades de consulta" sobre Loma Larga

La minera aseguró que "colaborará con el Gobierno para delinear los próximos pasos para las actividades de consulta" sobre Loma Larga / Foto: cortesía Dundee Precious Metals

La minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM) anunció este martes que acepta la sentencia de un tribunal de Ecuador que ordena realizar una consulta libre, previa e informada y una consulta ambiental entre la comunidades indígenas del lugar, algo que según la empresa ya había planificado antes de llegar a la fase de explotación.

En un comunicado, la minera aseguró que "colaborará con el Gobierno para delinear los próximos pasos para las actividades de consulta" sobre Loma Larga, una mina que se ha proyectado en la zona de Quimsacocha, una región de páramos andinos considerada como reserva hidrológica y que ha sido defendida desde hace años por grupos ecologistas e indígenas.

"La compañía seguirá implementando los más altos estándares aplicables para la protección ambiental y la participación de las partes interesadas", afirmó.

Quimsacocha se encuentra unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cuenca, capital de la andina provincia de Azuay (sur), en 2012 un sector de 3.217 hectáreas de las 12.000 dadas en concesión minera fueron recuperadas por el Ministerio del Ambiente para crear el una Área Nacional de Recreación en el sector conocido como Las Tres Lagunas.

En 2021 la minera DPM adquirió la concesión para extraer oro, plata y cobre, al estimar unas reservas entre probadas y probables de 2,2 millones de onzas de oro y 88 millones de libras de cobre.

El fallo de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay ratificó la sentencia en primera instancia que advertía de una vulneración al derecho a la consulta previa y ordenó al Gobierno realizar también la respectiva consulta ambiental.

Asimismo, la sentencia ordenó al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica presentar en el juzgado de origen dos informes completos del estado actual del Área Nacional de Recreación Quimsacocha y de la sustentabilidad del ecosistema.

En estos informes debe describir la biodiversidad de la zona, su valor científico, el ecosistema, el estado de la flora y fauna y de los bosques y vegetación protectora, así como el orden de preferencia y aprovechamiento del agua.

Entre los líderes indígenas que se oponen a la explotación minera de Quimsacocha está el excandidato presidencial y exprefecto provincial de Azuay, Yaku Pérez, quien tras conocer la sentencia afirmó que se trata de "un histórico precedentes judicial en materia de los derechos del agua y de la madre naturaleza".

"Ninguna lucha es estéril", dijo Pérez, abogado defensor de derechos indígenas que en 2022 logró que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitase al Estado ecuatoriano reconocer y dar validez legal su matrimonio indígena contraído bajo la tradición del pueblo kichwa-kañari en 2013 en la laguna de Quimsacocha con la periodista, activista y educadora franco-brasileña Manuela Picq.

Sobre el falló también se pronunció Picq, para quien "ganó la consulta previa en Kimsakocha, ganó la libre determinación y ganó la consulta ambiental". "Ganan los pueblos indígenas Kichwa-Kañari, gana Ecuador y gana la Amazonía", añadió. 

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