Yaku, de anti correísta a abogado de Paola Pabón

El prefecto del Azuay, Yaku Pérez, ahora ha decidido traicionar su biografía y defender a una de las figuras más emblemáticas del correísmo golpista: Paola Pabón.

Foto: 4Pelagatos

Así como traicionó su discurso ambientalista al defender el consumo de los combustibles fósiles subsidiados, porque eso le resultaba políticamente más rentable, el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, ahora ha decidido traicionar su biografía y defender a una de las figuras más emblemáticas del correísmo golpista: Paola Pabón.

Pérez Guartambel, que durante el correísmo construyó una imagen de férreo opositor del correísmo, ahora sostiene que la prefecta de Pichincha es víctima de una «cacería de brujas» y que la derecha «rabiosa y virulenta» quiere castigar a los dirigentes sociales que estuvieron al frente de las protestas y participaron en el operativo de caos y terror que hubo en Quito.

El prefecto de Azuay, con su defensa de Pabón, está curándose en salud: él tiene en contra una acusación por haber cometido algo muy similar a lo que hizo Pabón y por lo que está presa en Latacunga. Según una demanda presentada por el asambleísta Fabricio Villamar, Yaku Pérez es autor del delito de rebelión por haber auspiciado y participado el 8 de octubre en la toma de la Asamblea Nacional. Pabón está en la cárcel de Latacunga, con orden de prisión preventiva, acusada de haber participado en un operativo de desestabilización durante las protestas del último fin de semana atestadas de actos de violencia y vandalismo.

La acusación en contra de Pérez se sustenta en la actuación que tuvo durante la ocupación hecha por los indígenas de las instalaciones de la Asamblea. Cuando durante esos hechos un periodista lo entrevistó, el prefecto del Azuay dijo que había llegado la hora de que en ese lugar sesione «un parlamento popular de los pueblos. Un parlamento que pueda tomar las directrices, un parlamento que pueda sintonizar con el pensamiento y con el sentido de todos los ecuatorianos».  Según Villamar, esa declaración es la prueba de que Pérez quiso alterar el orden democrático, reemplazando a la Asamblea Nacional con un parlamento popular. Según el asambleísta, Pérez y los indígenas que lo acompañaban vulneraron las instalaciones de la Asamblea impidiendo que ese organismo sesionara ese día por lo cual se configura el delito de rebelión, tipificado en el artículo 336 del Código Orgánico Penal. Pérez ahora dice que no ingresó a la sala de sesiones y que se quedó en el patio de estacionamiento, como si ese lugar no perteneciera a la Asamblea.

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