Waoranis y kichwas están en incertidumbre por operaciones petroleras en los bloques 16 y 67

Temen el impacto económico y social de un eventual cese de operaciones de la actual petrolera, cuya continuidad está en el aire.

Temen el impacto económico y social de un eventual cese de operaciones de la actual petrolera, cuya continuidad está en el aire / Foto: EFE

La incertidumbre agita las comunidades de indígenas waorani y kichwa que habitan dentro de los bloques petroleros 16 y 67, dos yacimientos ubicados en el Parque Nacional Yasuní, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, y que temen el impacto económico y social de un eventual cese de operaciones de la actual petrolera, cuya continuidad está en el aire.

En escasas tres semanas, si sigue la misma empresa, los waorani tendrán al alcance un hito histórico e inédito en Ecuador: ser socios de la operación y participar del reparto de dividendos, o por el contrario ver rota una larga relación de casi 30 años y unos 40 millones de dólares en desarrollo de servicios básicos y proyectos productivos.

Esa es la disyuntiva para las once comunidades que habitan dentro de los bloques, especialmente las ocho waorani, con entre 500 y 800 habitantes, y de cuyo territorio se sacan cada día unos 15.000 barriles de petróleo, pero también otras tres kichwa, con 600 personas ubicadas en la zona de influencia de la explotación.

A fin de año culmina el contrato de servicios que el Estado tiene con Petrolia, el actual nombre de la empresa que ha operado los bloques en los últimos 28 años y que ha solicitado al Gobierno continuar bajo un contrato de participación, del que formarían parte los waorani.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha atendido aún el requerimiento para negociar y mantiene un proceso para que los campos vuelvan al Estado y pasen temporalmente a manos de la estatal Petroecuador, lo que es motivo de una controversia.

Testigos de un cambio 

"Si la empresa se va, volvería a ser como antes de 1994", comenta a EFE Eduardo Ahua, habitante la comunidad waorani de Guiyero.

Desde que su abuelo fundó la comunidad, bautizada como Guiyero por su gran cantidad de zancudos, Ahua ha sido testigo del antes y después de la llegada de la petrolera, y asegura que ha habido una mejora en sus vidas, al proveerles la empresa de escuela, electricidad, transporte y proyectos productivos, entre otros servicios.

"Mi abuela firmó el primer convenio con la empresa, y las nuevas generaciones hemos visto el cambio", cuenta Ahua, para quien "todo ese apoyo, sobre todo en educación, es gracias a la empresa, porque aquí el Estado no está, el Yasuní es algo olvidado para el Estado".

Junto con las demás comunidades teme que si se va Petrolia, Petroecuador no continúe la misma línea de cooperación. "Lo que he conversado con mis hermanos y tíos, que ya son 'pikenani' (sabios), es que el Estado no se va a hacer cargo de toda la infraestructura, y cambiaría nuestra forma de vivir", advierte.

Tres décadas de convivencia 

Al contrario que en otras áreas del amplio territorio waorani, donde los indígenas han paralizado judicialmente la licitación de bloques petroleros como el 22, al no cumplir el Estado con la consulta libre, previa e informada, aquí sus líderes no rechazan la explotación petrolera si ven su vida mejorada y el entorno natural conservado.

Detrás de la escuela de Guiyero están las piscigranjas, uno de los proyectos productivos puestos en marcha con capital de la empresa para proveer a las comunidades de alternativas de desarrollo sostenibles adaptadas a las condiciones del lugar.

En ellas hay entre 4.000 y 5.000 cachamas rojas (piaractus brachypomus), un pez oriundo de la zona, de los que hoy han salido decenas de ejemplares para la fiesta de una de las comunidades vecinas.

Con iniciativas como esta se han creado 120 fuentes de empleo tanto directo como indirecto, señala a EFE el jefe de Relaciones son Socios y Comunidades de Petrolia, Héctor Reinoso.

Un millón de dólares por año 

En total, la inversión de la empresa ha sido de unos 30 millones de dólares, a un promedio de un millón por año, con un 70 % para las once comunidades de la zona de influencia y el 30 % restante para toda la Nacionalidad Waorani, compuesta por más de 4.000 miembros entre las provincias de Napo, Orellana y Pastaza.

A ello hay que sumarle la inversión de la Fundación, que son al menos otros 10 millones de dólares, apunta el jefe de relaciones comunitarias de Petrolia, filial de la canadiense New Stratus Energy (NSE), que en 2021 adquirió a la española Repsol sus acciones en ambos bloques.

Estas cifras pueden verse impulsadas con la propuesta para que los waorani sean socios de la explotación y satisfacer sus necesidades, con la educación y la salud como ejes principales.

FIDECOMISO CON SUS DIVIDENDOS

"Creemos que el beneficio que tenemos como empresa tiene que ser compartido con las comunidades, que son los dueños del territorio. La idea es que ellos participen en el reparto de dividendos, que serán entregados a través de proyectos productivos, y no de forma metálica", indica Reinoso.

"Hemos pensado en un fideicomiso que recibirá el aporte de la empresa, y la directiva de este fideicomiso estará formada por personal waorani y de la Fundación, que será el brazo ejecutor de estos proyectos", añade.

Esto está supeditado a la continuidad de Petrolia en los bloques 16 y 67. "La mejor opción que tienen no sólo las comunidades sino el país es que la empresa privada siga aportando y generando fuentes de empleo y oportunidades para todos", concluye Reinoso.

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