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Uso de las reservas internacionales obligará al correísmo a imponer aranceles a productos importados
Durante el gobierno de Rafael Correa autos, licores o perfumes subieron de precio
Quito- El debate económico en Ecuador se ha centrado en el blindaje de la dolarización y en el futuro de la política comercial. Estos temas podrían redefinirse según el resultado de la segunda vuelta electoral.
De acuerdo con Andersen, firma asesora tributaria, los roles del Banco Central del Ecuador (BCE) y las reservas internacionales serán claves en la sostenibilidad del sistema. Aunque ambos candidatos han expresado respaldo a la dolarización, existen diferencias en sus enfoques.
Luisa González, candidata del correísmo, ha manifestado su apertura a la emisión inorgánica mediante créditos del BCE al Gobierno, una práctica actualmente prohibida por la ley.
Si se implementara un mecanismo de este tipo, advierte Andersen, sería acompañado de medidas para desincentivar la salida de divisas, como impuestos y regulaciones a transferencias y consumos en el exterior. Por otro lado, el análisis de la política comercial sugiere un posible giro proteccionista.
Según un informe de Análisis Semanal, en 2024, el arancel promedio ponderado de Ecuador fue de 7,0 %, el más alto entre las economías sudamericanas con costa al Pacífico. No obstante, los tratados de libre comercio han impulsado una reducción progresiva en los últimos años. Esta tendencia podría revertirse si el próximo gobierno opta por fortalecer la industria nacional a través de barreras arancelarias.
Durante el Gobierno de Rafael Correa se aplicaron aranceles y salvaguardas a productos como el licor, autos, perfumes, zapatos, azulejos, entre otros productos, con el fin de “proteger a la industria nacional”.
La candidatura de González ha planteado la implementación de una política monetaria activa, en la que su candidato a la vicepresidencia, Diego Borja, ha señalado el uso de la reserva internacional como fuente de financiamiento estatal.
Análisis Semanal advierte que este tipo de medidas, en el contexto de una economía dolarizada, podrían llevar a un refuerzo del proteccionismo, afectando la capacidad de compra de los ciudadanos y la competitividad del sector productivo.
Ante este escenario, las empresas deberán estar atentas a posibles cambios en la política económica, especialmente en lo que respecta a la disponibilidad de divisas y la carga impositiva que podría derivarse de una mayor intervención estatal en la economía.
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