UNES presentó solicitud de juicio de censura contra procurador Íñigo Salvador

El juicio se ha planteado debido a que, en demandas contra el Estado "en lugar de defender los intereses del país, se limitó a decir que se debía pagar a las empresas internacionales"

UNES presentó solicitud de juicio de censura contra procurador Íñigo Salvador / Foto: EFE

El grupo legislativo ecuatoriano Unión por la Esperanza (Unes), del expresidente Rafael Correa, presentó este lunes una solicitud de juicio político de censura contra el procurador, Iñigo Salvador, por "incumplimiento de funciones" y por no defender el interés nacional en demandas contra el Estado.

El legislador Ferdinand Álvarez, de Unes, al entregar su solicitud en la secretaría de la Asamblea Nacional (Parlamento), explicó que el juicio político se ha planteado debido a que, en demandas contra el Estado, Salvador, "en lugar de defender los intereses del país, se limitó a decir que se debía pagar a las empresas internacionales".

Esa postura, según Álvarez, habría dado paso a "decisiones que han repercutido negativamente en la disponibilidad de recursos que pudieron servir para construir escuelas, hospitales y generar empleo".

Salvador "ha fallado a los ecuatorianos y a la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado", agregó el denunciante y dijo que en el caso de una demanda internacional interpuesta por la petrolera Perenco, el procurador se adelantó a decir que el Estado ecuatoriano debía pagar y cumplir con esa obligación.

Álvarez, según una información difundida en la web de la Asamblea Nacional, dijo disponer de un estudio técnico en el que se evidencia el supuesto "incumplimiento de funciones" por parte de Salvador.

En septiembre de 2019, la francesa Perenco había obtenido un fallo a su favor por parte de un comité arbitral constituido en el ámbito del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.

El fallo obligó a Ecuador a pagar una indemnización por 374 millones de dólares en favor de la petrolera francesa, por una norma que aumentaba la participación del Estado en un contrato para la explotación de dos campos petroleros en la Amazonía.

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