Trabajadores petroleros presentaron demanda por concesión del campo Sacha

El Estado ecuatoriano perdería $ 2.544 millones señala el gremio

Los trabajadores petroleros llegaron hasta la Corte Constitucional para presentar la demanda / Foto: cortesía Antep

Quito- La Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo y Energía (ANTEP), la Federación Internacional del Sector Energético y Servicios Conexos de Latinoamérica y el Caribe (FITELYC) y el Frente de Defensa Petrolero presentaron una demanda ante la Corte Constitucional (CC) en contra del proceso de concesión del campo Sacha, iniciado por el gobierno de Daniel Noboa el año pasado.  

El principal argumento de los trabajadores es que la acción legal se fundamenta en que el Acuerdo Ministerial del 26 de noviembre de 2024 cita como base jurídica el Artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, reformado durante el gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, dicha reforma fue declarada inconstitucional precisamente por la Corte Constitucional el 28 de octubre de 2022, lo que vuelve ilegal todo el proceso de concesión de este activo estratégico, que produce 77.000 barriles de petróleo al día con un costo de producción de apenas $ 7 por barril.  

En las últimas semanas, las autoridades del Ministerio de Energía y de Petroecuador han guardado silencio frente a este proceso. Ante ello, los trabajadores se movilizaron hasta la sede del ministerio del ramo para exigir una reunión con las autoridades y demandar respuestas sobre la situación de más de 500 trabajadores que actualmente laboran en el campo y cuyo futuro resulta incierto.  

El campo Sacha, ubicado en la provincia de Orellana, tiene más de 50 años en producción y cuenta con reservas estimadas en 350 millones de barriles de crudo. Su petróleo, con un grado API de 24.9, es más liviano que otros crudos pesados de la región, lo que reduce las penalizaciones en los mercados internacionales.  

Un estudio de ANTEP revela que, en un plazo de 20 años, Ecuador perdería $ 2.544 millones de en renta petrolera si el campo pasa a manos privadas. Incluso considerando el anticipo de $ 1.500 millones anunciado extraoficialmente en medios de comunicación, la pérdida neta ascendería a $ 1.044 millones. Estas cifras se agravarían si el precio del crudo se mantiene en niveles similares a los de 2024, lo que aumentaría las pérdidas a $ 1.641 millones.  

Delegaciones de Argentina, Chile, México, Paraguay, Colombia, Perú y Brasil se encuentran en Quito para respaldar las acciones legales y de defensa de este campo, así como para planificar estrategias de un frente amplio de trabajadores del sector energético ante las políticas de privatización en la región. Además, los trabajadores sostendrán una reunión de trabajo con la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).  

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