Si la justicia fuera independiente…

Con bombos y platillos, después de ocho años en el poder, la Revolución Ciudadana ha declarado la guerra contra la corrupción. Una guerra peculiar. Porque uno creería que la corrupción se combate con independencia en las autoridades de control, con fiscalización desde la Asamblea, con una justicia autónoma y con una prensa libre para informar sobre los trapos sucios de la política.

Con bombos y platillos, después de ocho años en el poder, la Revolución Ciudadana ha declarado la guerra contra la corrupción. Una guerra peculiar. Porque uno creería que la corrupción se combate con independencia en las autoridades de control, con fiscalización desde la Asamblea, con una justicia autónoma y con una prensa libre para informar sobre los trapos sucios de la política. Nada de eso. Acá la guerra se trata de un gobierno persiguiendo su propia cola. Una guerra con pistolas de agua.

Bien lo demuestra el último show: en medio informe a la nación por el 24 de Mayo, el Presidente anuncia que entre sus filas hay una asambleísta corrupta. Para abundancia del espectáculo, la “traidora” es detenida en el mismo evento —pese a que no hubo delito flagrante ni juicio político— y luego es expulsada de Alianza País. El guion lo complementa la presidenta de la sumisa Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien pide al Contralor que investigue el patrimonio de todos los asambleístas. El protagonismo no es de los fiscales y los jueces. Es elpropio Presidente —¡y hasta Jorge Glas!— quien baja su pulgar a la legisladora en desgracia. No es el Contralor quien cumple su obligación cotidiana de auditar a los asambleístas. Es Gabriela Rivadeneira quien le da permiso para realizar su trabajo.

Ahora bien, desde que el gobierno confesó meter la mano en la justicia, los ecuatorianos solemos asociar la sumisión judicial a asuntos políticos, como el caso El Universo o la persecución a Cléver Jiménez. Lo del 24 de Mayo es otra raya más: un show político para aparentar que se combate la corrupción. Sinembargo, la falta de independencia judicial hoy perjudica al ciudadano de a pie mucho más de lo que parece a simple vista.

Si la justicia fuera independiente, no solo se sancionaría la corrupción con o sin permiso de Rafael Correa, Jorge Glas o Gabriela Rivadeneira, sino que cualquier juez habría impedido que se atropelle el derecho de más de 146 mil maestros a que la policía no se lleve sus ahorros al Banco del IESS sin su consentimiento. Si la justicia fuera independiente, la Corte Constitucional anularía la nueva ley que crea un impuesto a las utilidades, violando el derecho de los trabajadores, y obligaría a que las reformas constitucionales sobre la reelección indefinida y otros temas sean decididas por votación popular, como manda la Constitución. Si la justicia fuera independiente, cualquier juez podría impedir que el gobierno borre mágicamente los 1700 millones de deuda al IESS o que la ley discrimine a las amas de casa cuando las obliga a afiliarse al seguro social sin recibir la prestación de salud.

No hace falta aumentar los ejemplos. La guerra de balines contra la corrupción demuestra, una vez más, que hoy la justicia no se administra en los tribunales —menos aún en los titulares de los periódicos— sino en el Palacio de Carondelet. Y que las víctimas de la sumisión al Ejecutivo no solo son los políticos o los medios, sino los 15 millones de ecuatorianos cuyos derechos más elementales no dependen del imperio de la ley, sino de las órdenes del poder.

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