¿Se protege desde el Estado a los abusadores de menores?

A estas alturas ya resulta imposible no sospechar que en el Ecuador existe una red de influencias enquistada en el poder que protege a acusados de delitos sexuales.

Foto: 4 Pelagatos

A estas alturas ya resulta imposible no sospechar que en el Ecuador existe una red de influencias enquistada en el poder que protege a acusados de delitos sexuales.

La forma tramposa en que en la Asamblea se impidió que se determinen responsabilidades políticas en el escándalo de las denuncias de abusos a menores en colegios y escuelas, que se haya ignorado y silenciado durante años alrededor de 800 denuncias de abuso en centros educativos y que acusados de delitos sexuales hayan sido defendidos por los abogados del ahora ex presidente Correa y del vicepresidente Jorge Glas, no parecen casos aislados ni fortuitos.

Uno de los últimos acontecimientos en esta saga es el que le ocurrió al abogado que defiende al “Principito”; el chico abusado sexualmente por un profesor del colegio La Condamine, José Xavier Valdivieso Larco, quien fue condenado por la justicia a 22 años de prisión, pero se halla prófugo de la justicia.  Ocurrió el lunes 13 de noviembre a las 8:18 de la mañana cuando sonó el celular de Diego Yépez. Del otro lado, habló una mujer que se presentó como Ximena Torres, empleada del Tribunal del Contencioso Administrativo. Le dijo que si podía hacer que el señor Valdivieso Larco se acerque a firmar los documentos en el sistema judicial para que aparezca como si hubiera estado presentándose ante el juez como era su obligación según unas medidas cautelares, ya que no lo había hecho.

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