Resumen Medios Nacionales - 21 de septiembre de 2020

El 08 de septiembre de 2020, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, presentó un pedido para que se apruebe una consulta popular para prohibir la actividad de minería metálica, a escala grande y mediana, en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay. Cuatro de ellos se dirigen al Atlántico y el Norcay parte del Parque Nacional El Cajas y desemboca en el Océano Pacífico.

La Corte Constitucional (CC) acaba de emitir dictamen favorable a ese pedido, con lo que se declara la constitucionalidad de cinco preguntas y la viabilidad del proceso plebiscitario en ese cantón de la provincia del Azuay.

La actividad del volcán Sangay, se encuentra en un nivel moderado. Así lo explicó Patricia Motes, vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).

El equipo de vulcanólogos realiza un monitoreo permanente de la elevación, ubicada a 45 kilómetros al sureste de Riobamba.

Las elecciones de 2021 se perfilan como las que tendrán más candidatos presidenciales desde 1978 y, por tanto, más dispersión en el voto. En todos los comicios han existido al menos dos candidatos que obtienen malos resultados.

Los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas dejaron 16 binomios presidenciales que esperan concretar su inscripción en los próximos días. Si todos llegan a la papeleta electoral, este sería el número más alto de candidatos presidenciales que se registra en Ecuador desde 1978, con el retorno a la democracia.

Cumplir con el pago de la deuda ha sido una prioridad para el Gobierno en 2020. Así lo demuestran las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según datos de la ejecución presupuestaria, de enero a agosto de este año Finanzas destinó $ 4.458 millones para el servicio de la deuda, es decir, para el pago de capital e intereses, tanto de deuda interna y externa.

Las investigaciones penales desplegadas durante la crisis sanitaria muestran la magnitud  de los actos de corrupción perpetrados en hospitales y entidades estatales y seccionales.

Un equipo con más de 30 fiscales, analistas financieros, expertos en contratación pública y policías con perfiles especializados rastrean estos casos.