Resumen Medios Nacionales - 18 de Agosto de 2022

La mesa técnica sobre control de precios está suspendida y de ser el caso se reactivaría al final del proceso de diálogo entre el Gobierno y las Organizaciones Indígenas, es decir, antes de que finalicen los 90 días que se pusieron de plazo.

Es que el gobierno cree que no es posible fijar precios a varios productos industrializados, que es una de las exigencias del movimiento indígena.

Frente al reciente asesinato del fiscal Federico Estrella, bajo la modalidad de sicariato en Babahoyo, provincia de Los Ríos, la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) manifestó su "enérgico repudio" y advirtió con interponer una demanda ante tribunales internacionales.

Mediante un comunicado, la organización expresó sus condolencias e informó que se comunicó con la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para solidarizarse con cada miembro del Ministerio Público.

El 18 de julio de 2022, en Guayaquil, dos hermanos de 6 y 10 años de edad fueron asesinados por sicarios que ingresaron a su hogar. Les dispararon a ellos, a dos adultos y dejaron herido a otro menor de cinco años.

¿El motivo? Ajuste de cuentas perpetrado por la banda de los ‘Pitufos’, un brazo de la organización narcocriminal los Choneros, también involucrada con la explosión que mató a cinco personas en el barrio Cristo del Consuelo, el 14 de agosto de 2022.

La intención del Gobierno de Guillermo Lasso de objetar parcialmente, en vez de un veto total, a la última reforma a la Ley Orgánica de Comunicación provocó el rechazo entre organizaciones que defienden la libertad de expresión y de prensa en el Ecuador.

El secretario de Comunicación, Leonardo Laso, dijo que se trata de una decisión política del Ejecutivo, pese a que en la Asamblea opera una mayoría en contra de las propuestas de Carondelet.

“Este es un combate asimétrico”, advierte Patricio Carrillo, ministro del Interior, sobre la batalla del Estado contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La reflexión del funcionario se explica por el poder económico de las bandas narcodelictivas frente a las dificultades administrativas y financieras de la Policía Nacional, incluso para adquirir equipos de seguridad.