Policías acuden a CIDH por amenazas al vincular a allegado al Gobierno con narcos

Así lo informó este miércoles el abogado Stalin Raza, al recordar que los mencionados policías investigaron el caso "León de Troya"

Así lo informó este miércoles el abogado Stalin Raza, al recordar que los mencionados policías investigaron el caso "León de Troya" / Foto: cortesía de las redes

Los abogados de los policías José Luis Erazo y Rodney Rengel, que estuvieron al frente de la investigación sobre presuntos nexos con el narcotráfico de un empresario cercano al Gobierno que luego fue asesinado, solicitaron medidas cautelares para sus clientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo informó este miércoles el letrado Stalin Raza, al recordar que los mencionados policías investigaron el caso "León de Troya" y elaboraron el informe que, tras haber quedado archivado, fue posteriormente difundido en algunos medios de comunicación.

En ese informe se establecían presuntos nexos entre una "mafia albanesa" de narcotraficantes y Rubén Chérres, amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y protagonista en una trama de presunta corrupción en empresas públicas, cuya difusión catapultó el inicio del juicio político contra el mandatario.

Los abogados y las familias de los policías esperan que la CIDH "obligue al Estado ecuatoriano a tomar medidas de precaución para la seguridad física" de Erazo, Rengel y sus familias.

Según Raza, Erazo y Rengel "han sido objeto de una verdadera persecución y hostigamiento por parte del Estado", y fueron cambiados de la unidad en donde estaban haciendo su investigación y trasladados a Guayaquil y Esmeraldas, respectivamente.

Esos son sectores y provincias "altamente sensibles por el nivel de violencia e inseguridad que existe", dijo al reclamar que en lugar de protegerlos, "los expusieron llevándolos" a esos lugares.

"Posteriormente, ellos recibieron amenazas directas en sus teléfonos celulares de que no haga público su informe, de que se silencie y de que, caso contrario, van a atentar en contra de su vida", denunció Raza al recordar que Erazo y Rengel presentaron la denuncia ante la Fiscalía, sin resultados hasta el momento.

Por el contrario, informó de que la Fiscalía General del Estado, inició una investigación contra los policías por presunta divulgación de información.

Raza recordó que tras la revelación del informe del caso "León de Troya" Chérres fue asesinado, a finales de marzo.

Añadió que "las fuentes humanas que les proporcionaban información, les pusieron alerta de que existía unas amenazas y unos planes de atentar contra la vida del periodista Andersson Boscán, del exsambleísta Fernando Villavicencio y del teniente coronel Erazo".

El martes, el medio digital La Posta, dirigido por Boscán, solicitó medidas cautelares a la CIDH tras denunciar amenazas de grupos delictivos contra su equipo periodístico.

El pasado 9 de agosto fue asesinado Fernando Villavicencio cuando salía de un mitin de su campaña política con miras a las elecciones presidenciales en las que era candidato.

CLAMOR DE LAS FAMILIAS

Raza apuntó que la familia de teniente coronel Erazo y del teniente Rengel tienen preocupación de que "ellos puedan ser los siguientes en la lista", y narró que hace tres días se pararon dos camionetas y tres motocicletas fuera de la vivienda de Rangel "y realizaron disparos para intimidar a él y a su familia".

"Responsabilizamos por la seguridad de ellos y sus familias, al Gobierno, al Estado, a la Policía Nacional, y a los órganos de seguridad que en lugar de darle seguridad se han dedicado a perseguir", anotó el letrado.

Orlando Rengel, padre del teniente, aseguró que su hijo ha sido objeto de una "persecución tenaz", y que su familia ha sido intimidada.

De su lado, Ericka Mena, esposa de Erazo, se lamentó de que "ahora los investigadores son los allanados".

"No quiero ser la próxima viuda, no quiero que mis hijas pierdan a su padre. Es duro decir esto, pero mi esposo es el siguiente en la lista", anotó al hablar de los peligros que les acechan pese a estar en el programa de protección a víctimas y testigos.

Raza cree que en ese programa "no existe ni el personal suficiente, ni el personal capacitado para dar seguridad, y las personas que les fueron asignadas tienen problemas de salud y están en procesos de ascenso".

"Lo que no quisiéramos -dijo a EFE- es que esta custodia sea aparente, como lo que pasó con el asambleísta Villavicencio, que no tenía ni un vehículo blindado, personal capacitado ni los recursos tecnológicos", agregó.