Policía dispersa protesta contra estatua de Isabel la Católica en Quito

La Policía de Ecuador dispersó con gas lacrimógeno una acción de protesta de grupos indígenas y sociales, en conmemoración del 12 de octubre y en la que manifestantes intentaron vandalizar la estatua de Isabel la Católica en Quito.

Policía dispersa protesta contra estatua de Isabel la Católica en Quito / Foto: EFE

La Policía de Ecuador dispersó con gas lacrimógeno una acción de protesta de grupos indígenas y sociales, en conmemoración del 12 de octubre y en la que manifestantes intentaron vandalizar la estatua de Isabel la Católica en Quito.

Un nutrido contingente de indígenas, apoyados por representantes de colectivos feministas y de grupos sociales, se apostó en una pequeña plazoleta donde se erige en Quito el monumento a la reina española en el tiempo de la Conquista, a la que reprocharon por la "masacre y el despojo" en América.

"Abajo el 12 de octubre, abajo el día de la raza, viva la lucha del pueblo", gritaron los manifestantes que en un principio colocaron leyendas y pancartas en el mismo rostro de la imagen.

Un fuerte piquete policial llegó al lugar para controlar la protesta, mientras los manifestantes se congregaban alrededor de la estatua, al que, según testigos, intentaron prender fuego en su base.

La Policía cargó con bombas lacrimógenas, lo que provocó la huida en carrera de muchos manifestantes, interrumpiendo el tránsito en esa zona del centro-norte de Quito.

La acción policial se recrudeció cuando algunas personas alertaron de que los manifestantes habían colocado cuerdas alrededor del cuello de la figura, con la supuesta intención de derribarlo.

En redes sociales, algunos grupos sociales denunciaron que la respuesta policial afectó a varias mujeres indígenas que arengaban contra la celebración de la Conquista y reivindicaban la resistencia.

Esta fecha, dijo una de ellas, "conmemora la masacre y el despojo durante la colonización".

Después de varios forcejeos entre manifestantes y los agentes antimotines, la protesta se diluyó.

La Policía, en su cuenta de Twitter, también escribió que sus agentes recibieron "agresiones físicas" por parte de los manifestantes, cuando la fuerza pública intentó evitar que se causara "daño al bien público".

"Se desalojó el lugar con el uso diferenciado de la fuerza", añadió la entidad apelando a imágenes por redes sociales en las que se aprecia el lanzamiento de pintura y otros objetos a varios agentes.

UN AÑO DESPÚES DE LA REVUELTA SOCIAL

La protesta sucedió a otra acción indígena desarrollada horas antes, en al que dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentaron una denuncia contra el Estado ecuatoriano por un supuesto "delito de lesa humanidad", por la violación de derechos humanos en las manifestaciones populares de octubre del año pasado.

La denuncia, entregada en la Fiscalía General del Estado, se dio al cumplirse un año de la revuelta de octubre de 2019 y se dirige contra el presidente del país, Lenín Moreno; la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo; el contralor del Estado, Pablo Celi; y el comandante de Policía Hernán Carillo.

Según los demandantes, las autoridades avalaron entonces un ataque a la población indefensa y permitieron excesos y abusos en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.

Las manifestaciones de hace un año, lideradas por el movimiento indígena, lograron que el Gobierno diera marcha atrás en la aplicación de varios ajustes económicos impopulares, especialmente la eliminación de un subsidio al precio de las gasolinas.

Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, una decena de personas murieron y otros mil manifestantes resultaron heridos, mientras que en Quito, foco de la protesta, se registraron importantes daños materiales.

El Gobierno ha asegurado repetidamente que no hubo violación de derechos humanos y que se emplearon únicamente medios antidisturbios legítimos y autorizados por derecho.

Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó la zona concluyó en enero que las fuerzas de seguridad no habían tomado en cuenta protocolos interamericanos e internacionales para este tipo de actuaciones.

Entre sus conclusiones, la comisión pidió garantizar el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la reunión pacífica, e instaba al Gobierno a investigar exhaustivamente las denuncias de violencia entre el 3 y 13 de octubre, lo que según los demandantes no ha ocurrido hasta ahora.