Petroecuador denunció sabotaje en Orellana y acusa a waoranis

La empresa pública acusó a miembros de la comunidad de Dícaro, ubicada en el Bloque 16, de protagonizar un sabotaje contra la plataforma

La empresa pública acusó a miembros de la comunidad de Dícaro, ubicada en el Bloque 16, de protagonizar un sabotaje contra la plataforma AMO A / Foto: cortesía Petrocuador

La petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador denunció este viernes que la comunidad de indígenas waoranis que protesta para reclamar compensaciones tras el ingreso de la empresa a los bloques 16 y 67 ha saboteado una plataforma, lo que repercute en una pérdida en la producción de mil barriles diarios.

En un comunicado, la empresa pública acusó a miembros de la comunidad de Dícaro, ubicada en el Bloque 16, de protagonizar un sabotaje contra la plataforma AMO A , donde se registró "un corte de energía premeditado".

Asimismo, anunció el inicio de las acciones legales ante la Fiscalía de la amazónica provincia de Orellana para que se investigue y se determine autores materiales e intelectuales del presunto delito.

La compañía aseguró que ese hecho, ocurrido el jueves, coincidió con el envío de una comunicación al Ministerio de Energía y Minas por parte de Robinson Coba y Araba Omehuay, líderes de la comunidad de Dícaro.

Según Petroecuador, el comunicado atribuido a los líderes de la comunidad indígena señalaba que "no debería pasar ni ser sacada una gota de petróleo" de sus territorios indígenas "si el Estado no tiene la capacidad de compensar, reconocer los derechos de los pueblos indígenas y garantizar nuestros derechos humanos".

Asimismo, la empresa afirmó que la comunicación también anticipaba que Dícaro ejercerá su derecho a la autodeterminación y tomará las medidas necesarias para hacer respetar su territorio si siguen sin llegar al lugar altos funcionarios de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas para firmar un acuerdo directo.

La protesta de Dícaro comenzó el 25 de diciembre, pocos días antes de que Petroecuador asumiera la operación de los bloques 16 y 67, tras la decisión del Gobierno de no negociar la continuidad de la privada Petrolia, filial de la canadiense New Stratus Energy (NSE), que anunció que recurriría a un arbitraje internacional.

Desde ese día los waoranis de Dícaro, cuya población está cercana a los 300 habitantes, bloquearon el camino que conecta las distintas instalaciones de los bloques 16 y 67, por lo que Petroecuador realiza el abastecimiento de víveres e implementos a las plataformas del sur del bloque mediante helicópteros.

De momento no han conseguido que se unan a su protesta alguna de las otras ocho comunidades waoranis que habitan también dentro de los bloques 16 y 67 o en su zona de influencia, ubicados en la Amazonía ecuatoriana, dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las áreas más biodiversas del planeta.

Este grupo de waoranis, un pueblo indígena que hasta hace prácticamente 60 años vivía de manera aislada del resto del mundo, reclama la reparación de antiguas contingencias ambientales que consideran aún no remediadas por un derrame de crudo en 2008.

También piden una consulta previa sobre el ingreso de Petroecuador a los campos y un acuerdo directo con la petrolera estatal, en lugar del acuerdo conjunto que tenía la anterior operadora con todas las comunidades waorani de la zona y con la Nacionalidad Waorani de Ecuador (Nawe).

Frente a estas demandas, Petroecuador responde que es facultad del Ministerio de Ambiente señalar si existen o no asuntos ambientales pendientes en ambos bloques y ponerlo en conocimiento en las comunidades.

Sobre el reclamo de una consulta previa, la compañía afirma que no corresponde su realización en este caso, ya que la norma exige aplicarlo para aquellos proyectos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 2008 y no es obligatorio para proyectos que estaban operando desde antes, como son los bloques 16 y 67.

La empresa pública manifestó la pasada semana su intención de solucionar este conflicto, y para ello el Ministerio de Energía y Minas lidera un comité interinstitucional que analiza el pliego de demandas e ingresará al territorio para establecer una mesa de diálogo y negociación.