Peter Foster: “Fraude del siglo” finalmente llega a su fin después de obstruir nuestro sistema judicial durante 7 años

Después de atascar el sistema judicial canadiense durante siete años, una demanda multimillonaria totalmente corrupta contra la petrolera Chevron, con sede en California, iniciada en nombre de “pobres habitantes ecuatorianos” fue finalmente desestimada por el Corte Suprema de Justicia de Ontario el pasado viernes.

Foto: Juicio Crudo

Después de atascar el sistema judicial canadiense durante siete años, una demanda multimillonaria totalmente corrupta contra la petrolera Chevron, con sede en California, iniciada en nombre de “pobres habitantes ecuatorianos” fue finalmente desestimada por el Corte Suprema de Justicia de Ontario el pasado viernes.

La demanda, apodada “el fraude del siglo” por The Wall Street Journal, relacionada al caso de contaminación causada por Texaco - compañía que Chevron adquirió en 2001 – cuando Texaco operaba en Ecuador antes de 1992. De hecho, Texaco había efectuado los pagos de remediación – y el gobierno ecuatoriano los había aceptado – , pero entonces entró en escena un bandido abogado estadounidense llamado Steve Donziger. Compañero de clase de Barack Obama, Donziger maquinó una sentencia de $9.500 millones contra Chevron en Ecuador. No tuvo problemas sumando al entonces presidente Rafael Correa a la causa, el típico caudillo de izquierda que ya conocía bien el chantaje medioambiental. En 2010, su gobierno, con el apoyo de las Naciones Unidas, amenazó que a menos que la comunidad internacional pagara a Ecuador $3.600 millones de dólares, no tendría otra alternativa que arrasar con su propia selva tropical. La comunidad internacional mostró reticencia.

Donziger reclutó a una serie de celebridades de cierta notoriedad —incluido Danny Glover, Mia Farrow y Trudie Styler (esposa de Sting)— para que se los acompañaran al supuesto “Chernóbil de la Amazonía” y expresaran la indignación requerida.

Donziger sabía que las grandes corporaciones, cuando se enfrentan a demandas complejas y a un circo mediático, a menudo pagan en lugar de arriesgarse a un daño a la marca. Chevron, por el contrario, y de manera loable, dijo que lucharía contra Donziger hasta que el infierno se congelara, y continuaría peleando en el hielo. La compañía presentó una demanda civil contra Donziger en los Estados Unidos y en marzo de 2014, la Corte del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que el abogado había obtenido la sentencia ecuatoriana mediante extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico, infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. Donziger apeló, pero la sentencia condenatoria fue confirmada. El juez de la corte del Distrito Sur Lewis Kaplan indicó que “Las acciones arbitrarias de Donziger y de su equipo legal ecuatoriano serían ofensivas a las leyes de cualquier nación que aspire a un Estado de Derecho”. Quizás estaba mirando hacia el norte, donde el caso serpenteaba por el sistema canadiense.

Donziger había conseguido contratar a un reputado abogado de Toronto, Alan J. Lenczner, quien hizo el ritual recorrido de la contaminación petrolera ecuatoriana y afirmó al regresar que había “visto la devastación”. Sin embargo, cualquier debastación había sido provocado por la petrolera estatal Petroecuador, que había estado operando en la zona desde la partida de Texaco y había sido responsable de unos 1.200 derrames de petróleo. Quizás la sugerencia más extraña de Lenczner fue que Chevron era una compañía muy rica, así que ¿por qué no pagar?

A Donziger nunca le faltó apoyo canadiense. Llevaron a Roger Waters de Pink Floyd en avión para ofrecer una celebridad de menor escala. Se generó rápidamente solidaridad con los grupos indígenas antioleoductos. Greenpeace y Unifor se concentraron. Los demandantes no tuvieron problemas atrayendo la simpatía del Toronto Star.

El líder aborigen canadiense Phil Fontaine fue contratado para brindar servicios de consultoría. La socia de Fontaine, profesora de derecho de la Universidad de Calgary y “activista por los derechos humanos,” Kathleen Mahoney organizó una conferencia en Banff para “presionar a Chevron para que se sentara a negociar”. Al diablo con la verdad y la justicia. Había que crear una postura contra las corporaciones y a favor de los aborígenes y de la república bananera. Mientras tanto, los engranajes de la justicia canadiense continuaban girando, a veces imperceptiblemente.

En 2013, el juez de Ontario David Brown había dictaminado que el caso no tenía cabida en Canadá, no porque la demanda fuera corrupta, sino porque, aun si fuera válida, la legislación canadiense no permitía que se saquearan los activos de Chevron en dicho país. La decisión del juez Brown fue revocada por apelación. Chevron llevó la apelación ante la Corte Suprema, la cual permitió que el caso volviera a Ontario fundándose en la adopción de “un enfoque generoso y liberal para el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras”, aun cuando, en apariencias, esos fallos apestaban hasta las nubes y no tenían esperanza de éxito. La generosidad liberal que mostró la Corte Suprema hacia Ecuador contrastaba claramente con la decisión dictada en agosto pasado por el Tribunal Internacional de La Haya que sostuvo que Ecuador había incumplido sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Después de pasar por varias rondas más en Canadá, el caso ha sido abandonado para siempre. Resta determinar los costos que se deben pagar a Chevron. Otros intentos por ejecutar la sentencia en Brasil, Argentina y Gibraltar también han sido rechazados.

Mientras tanto, tras haber sido inhabilitado como abogado y haberse negado persistentemente a cumplir resoluciones judiciales estadounidenses que le ordenaban dejar de recaudar dinero por su ataque contra Chevron, proporcionar detalles de sus patrocinadores o entregar su pasaporte, Donziger ahora enfrenta una condena a prisión.

En cuanto a esos pobres indígenas ecuatorianos, puede que estén peor que nunca, pero debemos recordar la causa de su pobreza: han vivido en un corrupto régimen socialista en el que el Estado de derecho con demasiada frecuencia está al servicio del poder político, los prejuicios públicos o el activismo judicial.

Canadá aún no ha llegado a ese punto, pero la lección aquí no es solo que la justicia se mueve a ritmo lento, sino que los casos más infundados —especialmente si involucran términos como “indígena” y “medio ambiente”— pueden frenar a las empresas durante años. Las compañías petroleras canadienses ya lo saben muy bien.

Las cortes se han convertido no tanto en recursos contra la extorsión sino en conductos para ella.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí