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Economía
Noboa afrontará 2 desafíos: el tiempo y la oposición
Las agencias Fitch y Moody’s analizan el panorama del nuevo gobierno
Hay dos factores que hacen pensar que el Gobierno de Daniel Noboa no tendrá un período fácil, el cual iniciará el 23 de diciembre de 2023 y concluirá el 24 de mayo de 2025. El primero tiene que ver con el corto período que tiene para gobernar, apenas 18 meses, y el segundo: un posible bloqueo en la Asamblea, problema que tuvo afrontar el presidente Guillermo Lasso.
Calificadoras de riesgo han señalado que existe el peligro que en los 18 meses que tiene Noboa no tenga la posibilidad de hacer cambios significativos porque no querrá implementar políticas que resulten impopulares. Se teme que Noboa estará en campaña para la reelección para el próximo período. El presidente electo ya manifestó que le interesa postularse para una reelección para el período 2025-2029.
Por ejemplo, la agencia calificadora Fitch prevé que no habrá avances significativos en las reformas para abordar los desafíos fiscales y financieros de Ecuador en el período presidencial restante de 18 meses.
Además, dice Fitch, su administración enfrentará desafíos políticos y presiones sociales para implementar su agenda política. Una de las razones es que la alianza Acción Democrática Nacional (ADN) de Noboa solo cuenta con 14 de los 137 escaños de la fragmentada Asamblea Nacional. Aprobar legislación requerirá gestionar alianzas políticas potencialmente complejas y fluidas.
La inestabilidad política y los desafíos de gobernabilidad ya han agravado las restricciones financieras, elevando el riesgo país, dice la firma. Noboa ha planteado la idea de aprovechar 1.500 millones de las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador (BCE), pero ha aclarado que será su opción Z, es decir, de última instancia.
En tanto que la calificadora de riesgos Moody’s aseguró que la política del nuevo gobierno aún no está clara, pero la nueva administración ha mencionado su intención de convocar a una consulta popular y hacer uso de decretos como una forma de acelerar su agenda de gobierno.
La calificadora de riesgos asegura que la dependencia de decretos y referendos no funcionó para el gobierno saliente y llevó a más confrontación entre el ejecutivo y la legislatura.
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