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Los problemas en el sector petrolero significarán hasta $ 500 millones menos en el presupuesto de 2023
La situación obligará al gobierno a buscar más préstamos en el exterior
La situación obligará al gobierno a buscar más préstamos en el exterior / Foto: cortesía Ministerio de Finanzas
Una importante cantidad de recursos. La caída en el precio del petróleo y los problemas en su producción pueden significar una reducción en los ingresos al presupuesto de entre $ 300 y 500 millones en 2023, según declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena.
El titular de la cartera de Estado reconoció que se prevé menos dinero en este año por todos los inconvenientes que atraviesa el sector petrolero y recalcó que es una estimación preliminar que puede cambiar.
Para 2023, el presupuesto tenía previsto ingresos de $ 3.673 millones por las exportaciones petroleras. Es decir, estas podrían llegar a unos $ 3.100 millones, según lo proyectado por Arosemena.
La falta de recursos obligará al gobierno a pedir más dinero prestado, señaló. Se buscará recursos en organismos multilaterales.
El precio del barril de petróleo ha caído en las últimas semanas debido a los temores de una recesión causada por la crisis de los bancos en Europa y Estados Unidos. El precio del petróleo ecuatoriano actualmente está entre $ 54 y 63 luego del castigo, es decir, el descuento por su menor calidad. El presupuesto se calculó con un costo por barril de $ 68,80.
El otro problema ha sido la menor producción de petróleo, debido a inconvenientes en los oleoductos o las protestas en los campos petroleros. Hasta el 28 de marzo, el bombeo de crudo alcanzaba los 460 mil barriles por día (bpd), es decir, unos 20 mil barriles menos que la producción normal de los últimos meses.
El ministro de Energía, Fernando Santos, ha reconocido que la meta de producir 520 mil bpd en 2023 será difícil de alcanzar y ahora la aspiración es llegar a los 490 mil.
Además, según ha señalado el titular de la cartera de Estado, actualmente ya se encuentra dialogando con las comunidades que protestan para llegar a acuerdos que permitan normalizar el bombeo de crudo.
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