Los indígenas claman por la protección del 80 % de la Amazonía para el 2025

La Amazonía se encuentra inmersa en un punto de no retorno debido a las altas tasas de deforestación y degradación, según el informe

La Amazonía se encuentra inmersa en un punto de no retorno debido a las altas tasas de deforestación y degradación, según el informe

Los pueblos indígenas de la cuenca amazónica advierten de que si continúa la destrucción del mayor bosque tropical del mundo, la Amazonía pronto se convertirá en una sabana emisora de CO2, por lo que urgen a extender la protección ambiental sobre el 80 % de su superficie para el año 2025.

Así se desprende del informe “La Amazonía a contrarreloj: Un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80 % para 2025”, que se presenta este lunes en la COP27 de Sharm El Sheikh (Egipto) y que ha sido realizado por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

El coordinador general de la COICA, José Gregorio Díaz Mirabal, alerta de que “la Amazonía está llegando a un punto de no retorno”, ya que la destrucción de este valioso ecosistema “emitirá una cantidad suficiente de CO2 como para desequilibrar el clima planetario” y “socavará los esfuerzos internacionales para contener el calentamiento global”.

Durante los próximos días, los gobiernos de todo el mundo definirán en la COP27 de Sharm El Sheikh las políticas ambientales que regirán la próxima década y, “por increíble que parezca, la Amazonía no consta como una prioridad en estas negociaciones”, lamenta Mirabal

Según sus datos, la Amazonía se encuentra inmersa “en un punto de no retorno debido a las altas tasas de deforestación y degradación que, combinadas, alcanzan ya el 26 % de la región amazónica”, que cubre 847 millones de hectáreas.

La información presentada en el estudio establece que el punto de no retorno "no es un escenario futuro", sino una realidad "ya presente en algunas zonas de la región", como Brasil y Bolivia, que concentran "el 90 % de la deforestación y degradación combinadas", lo que se traduce en un proceso de sabanización ya en curso en ambos países.

Aunque preservar el 80 % de la Amazonía hasta 2025 aún es posible, este objetivo presenta un gran desafío dado el estado actual de la región, que requiere “medidas urgentes” para salvaguardar las áreas prioritarias intactas (33 %) así como las de baja degradación (41 %) y, de forma paralela, restaurar las tierras con alta degradación (6 %).

Para los indígenas, uno de los principales impulsores de la deforestación es la proliferación de las actividades agropecuarias, que se han triplicado desde 1985 y son responsables del 84 % de la destrucción de masa forestal.

En concreto, la investigación señala a la industria ganadera, “el mayor impulsor de la deforestación”, cuyas actividades en la cuenca amazónica representan “el 2 % de las emisiones globales de CO2 cada año”.

Además, el sector minero, presente en todos los países de la Amazonía, afecta al 17 % de la región y desarrolla "un 9,3 % de todas sus actividades en áreas protegidas, y otro 9 % en territorios indígenas", aunque “la minería ilegal, que carece de registros oficiales, se está expandiendo por toda la cuenca”.

Sin embargo, la Amazonía Occidental -Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia-, una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo, conserva intactas grandes extensiones de selva y “tiene una alta probabilidad de mantener condiciones climáticas estables frente al calentamiento global”, por lo que su protección debe ser “una prioridad mundial”.

A pesar de su riqueza biológica, las cabeceras de los ríos de la cuenca amazónica ubicados en esta región y, sobre todo, en “Ecuador, Perú y Bolivia”, están "amenazadas" por los proyectos hidroeléctricos.

De hecho, “Ecuador, un país que representa menos del 2 % de la Amazonía, concentra el 18 % de las infraestructuras hidroeléctricas de la región”.

Finalmente, los pueblos indígenas amazónicos consideran que la deuda acumulada por los países de la región “es la causa estructural de la destrucción de la Amazonía”, por lo que proponen “condonar la deuda a cambio de compromisos para poner fin a la extracción industrial y promover protecciones en áreas prioritarias clave”. 

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