Los arbitrajes internacionales, a referéndum para atraer inversión extranjera

Mauricio Pozo apuntó que algunos de los arbitrajes perdidos por Ecuador se deben a que el Gobierno politizó los casos

Ecuador contabilizaba hasta finales de 2023 un total de 86 litigios activos / Foto: EFE

Quito.- El referéndum convocado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para el próximo domingo tendrá entre sus preguntas más relevantes la posibilidad de que el país vuelva a aceptar los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción, con el propósito de dar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones extranjeras tras haber decaído en los últimos años.

Desde que entró en vigencia la Constitución de 2008, aprobada durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador sólo reconoce arbitrajes que se produzcan en Latinoamérica.

Al excluir el resto de jurisdicciones, Ecuador se encuentra fuera del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial (BM) con sede en Washington que se ha constituido como la principal entidad a nivel global para resolver controversias entre los Estados y las inversiones extranjeras.

Bajo el actual marco constitucional, Ecuador contabilizaba hasta finales de 2023 un total de 86 litigios activos, según los datos de la Procuraduría General del Estado, en asuntos como de materia tributaria, contratación, hidrocarburos, medio ambiente, infraestructura pública y electricidad.

Desde 2006, Ecuador ha acumulado numerosas demandas en arbitrajes internacionales por leyes promulgadas para equilibrar lo que consideraba un "injusto" reparto de los beneficios de la explotación petrolera y que modificaban los términos de los contratos suscritos con las empresas.

Multas millonarias

Esto puede suponer millonarias indemnizaciones para el Estado, como ya ocurrió en 2019, cuando un tribunal arbitral determinó que debía compensar a la petrolera francesa Perenco con 471 millones de dólares, menos una contraindeminzación de 60 millones por daños ambientales.

Uno de los que tuvo resultado positivo para Ecuador fue el arbitraje contra la firma estadounidense de servicios petroleros Worley, donde evitó un pago de 198 millones de dólares que demandaba la empresa.

Para el exministro ecuatoriano de Economía y Finanzas Mauricio Pozo, es "saludable" y "conveniente" ampliar las jurisdicciones para celebrar arbitrajes internacionales externos, con el objetivo de "viabilizar proyectos que por esa razón no han estado viniendo a Ecuador".

El economista también lo ve como una salida "mientras el proceso de depuración del sistema judicial ecuatoriano mejore en el tiempo" y genere confianza para los inversores.

"No podemos perder opciones de inversión", señaló Pozo, quien cree los arbitrajes no van a solucionar por sí solos la llegada de inversión, ya que depende también de una estabilidad tributaria y de flexibilizar la contratación laboral, como también se propone en la consulta con los contratos por horas.

El exministro apuntó que algunos de los arbitrajes perdidos por Ecuador se deben a que el Gobierno politizó los casos, como con las petroleras Occidental y Chevron.

Asimismo, opinó que los planteamientos del Gobierno "van por la dirección correcta" para revertir la caída en la llegada de inversión directa extranjera, que el año pasado registró unos 380 millones de dólares, un 0,25 % del producto interior bruto (PIB), "cuando los países vecinos tienen el 4 % o el 5 % de su PIB".

Partidarios del 'No' ven favoritismo a empresas

Sin embargo, para Pablo Iturralde, del Centro de Derechos Económicos y Sociales, "los arbitrajes internacionales tienden siempre a favorecer a las grandes corporaciones (porque) son tribunales fuera del país que no están sostenidos a una estructura de Estado, sino que son jurisdicciones privadas (...) que normalmente están a la espera siempre de las corporaciones".

"En la larga historia de arbitrajes que tiene Ecuador, el 87 % de las veces se ha fallado a favor de las corporaciones y eso tiene un costo enorme para el país", aseveró Iturralde, para quien "lo peor es que todavía existen casos por resolver que podrían sumarle una deuda al Estado de 9.000 millones de dólares".

Iturralde mostró desconfianza en el Ciadi al afirmar que Estados Unidos tiene un peso preponderante en su manejo, y se decantó por establecer "un marco jurídico de inversión que sea justo y equitativo para ambas partes".

"Por ejemplo, Brasil ha encontrado otros mecanismos que incluye combinar los dos jurisdicciones", dijo Iturralde, que abogó por replicarlo en Ecuador, pues señaló que bajo ese esquema Brasil ha demostrado que se puede recibir mucha inversión extranjera.