La Procuraduría estudia pedir anulación de laudo arbitral ganado por empresa española

La controversia se refiere a un contrato suscrito en marzo de 2011 entre Flopec y la compañía Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios, S.A (Maessa)

La controversia se refiere a un contrato suscrito en marzo de 2011 entre Flopec y la compañía Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios, S.A (Maessa) / Imagen: cortesía Maessa

Ecuador estudia pedir la anulación de un millonario laudo arbitral notificado este viernes por un tribunal internacional en contra del Estado y a favor de una compañía contratista española, por un fallido proyecto de transporte de gas propano y butano en 2011.

La Procuraduría (Abogacía) General del Estado, en un comunicado, indicó que analiza el contenido del laudo para determinar las acciones que llevará adelante, sin descartar la posibilidad de pedir la anulación del fallo.

Un tribunal internacional, administrado por la Cámara de Comercio Internacional, notificó este viernes el fallo a favor de Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios, S.A (Maessa), una compañía española que conformó el consorcio GLP, y en contra del Estado ecuatoriano, aunque redujo la cuantía de la demanda.

Maessa había reclamado una indemnización de 48,3 millones de dólares más los intereses, aunque el laudo final condenó a Ecuador al pago de 17,3 millones de dólares más intereses y costas, precisó la Procuraduría en su escrito.

La controversia se refiere a un contrato suscrito en marzo de 2011 entre la empresa estatal de transporte marítimo Flopec y el consorcio GLP para el suministro, construcción y montaje de un sistema de automatización para el transporte de propano y butano desde los buques de aprovisionamiento hasta las esferas de depósito en el sector Monteverde, en la provincia de Santa Elena, ubicada en la costa sur de Ecuador.

Sin embargo, en diciembre de 2014, Flopec declaró unilateralmente la terminación del contrato, ejecutó las garantías y dispuso la inclusión del Consorcio GLP y sus miembros en la lista de contratistas incumplidos.

Pese a las causas, Maessa basó su demanda en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) entre Ecuador y España.

El equipo de la Procuraduría "se encuentra analizando el laudo para determinar las futuras acciones que emprenderá en defensa de los intereses estatales, entre las cuales existe la posibilidad de presentar un recurso de anulación en la sede del arbitraje", precisó en el comunicado.

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