Destacado Principal
Provincia de Zamora Chinchipe
La libertad de prensa está amenazada en Zamora Chinchipe
El problema fundamental radica en la falta de acciones estatales para frenar la minería ilegal
![El problema fundamental radica en la falta de acciones estatales para frenar la minería ilegal/ Foto: cortesía Periodistas Sin Cadenas](https://www.juiciocrudo.com/pics/nocrop/800x480/9fe1dce5b88b37dfb55377fc5090df375411e716.jpg)
![El problema fundamental radica en la falta de acciones estatales para frenar la minería ilegal/ Foto: cortesía Periodistas Sin Cadenas](https://www.juiciocrudo.com/pics/nocrop/400x240/9fe1dce5b88b37dfb55377fc5090df375411e716.jpg)
El problema fundamental radica en la falta de acciones estatales para frenar la minería ilegal/ Foto: cortesía Periodistas Sin Cadenas
Zamora Chinchipe se enfrenta a una cruda realidad. La minería ilegal ha permitido que redes narcocriminales tomen control de vastos territorios. En consecuencia, la libertad de prensa en la región se ha visto gravemente comprometida, con periodistas sometidos a extorsión, amenazas y violencia por parte de grupos delictivos vinculados al narcotráfico y otros delitos conexos.
La provincia, una de las más afectadas por la minería ilegal en Ecuador, presenta un escenario desafiante para los profesionales de la prensa. 14 periodistas de los cantones de Palanda, Zamora y Yanzatza fueron encuestados para un informe elaborado por ‘Periodistas sin Cadena’, que revela la complejidad de sus condiciones laborales y personales.
La precariedad laboral, la dependencia publicitaria y la injerencia de las autoridades son solo algunas de las dificultades que enfrentan, pero el problema fundamental radica en la falta de acciones estatales para frenar la expansión de la minería ilegal.
En el informe realizado por Amazon Underworld, grupos armados como los Lobos y grupos delincuenciales no identificados en el sector de Paquisha y los Choneros en Yantzaza, se dedican a actividades ilegales como la minería ilegal, la extorción tráfico de combustibles y narcotráfico, poniendo en riesgo a quienes investigan estos temas.
El temor sembrado por actores criminales ha llevado a la autocensura y a la censura impuesta por aquellos que encarnan las amenazas. La precariedad laboral, donde muchos periodistas ganan menos de $ 450, ha creado un caldo de cultivo para agresiones y extorsiones, con profesionales que intercambian su trabajo por bienes básicos.
Sin embargo, las amenazas no solo provienen de actores ilegales. Funcionarios estatales también participan en prácticas de silenciamiento e intimidación. Interfieren en el contenido de los medios de comunicación y provocan autocensura, especialmente en temas políticos o casos de corrupción.