La frontera norte está amenazada por el narcotráfico internacional

La expansión de grupos armados extranjeros representa un riesgo para las comunidades locales

La situación es especialmente crítica en Sucumbíos, donde el narcotráfico ha incrementado sus actividades / Foto: cortesía Ejército

Lago Agrio- La frontera norte de Ecuador se ha convertido en un punto crítico para la seguridad nacional debido a la presencia de grupos armados y organizaciones delictivas internacionales vinculadas al narcotráfico. En Carchi y Esmeraldas operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Alfonso Cano, anteriormente conocido como Frente Oliver Sinisterra. 

Un reportaje de Primicias aborda cómo estas organizaciones no solo representan una amenaza directa por sus acciones violentas, sino que también reflejan el impacto del narcotráfico en el país. Agravan problemas sociales, económicos y ambientales en estas zonas vulnerables.  

En Carchi, las operaciones del ELN han extendido la influencia de este grupo armado colombiano hacia territorio ecuatoriano, aprovechando la proximidad con la frontera.  

En Esmeraldas, se registra la presencia del Frente Alfonso Cano, una disidencia de las FARC responsable de hechos graves, como el asesinato de periodistas y marinos, además de un ataque a un cuartel policial en Mataje. 

Fuentes policiales han confirmado que esta organización colabora estrechamente con el Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los principales grupos narcotraficantes de México. Este vínculo ha permitido establecer rutas para el envío de drogas desde Ecuador hacia otros países, consolidando la región como un corredor clave del narcotráfico. 

La situación es especialmente crítica en Sucumbíos, donde el narcotráfico ha incrementado sus actividades. En esta zona se han detectado laboratorios clandestinos utilizados para el refinamiento de cocaína, cuyo crecimiento no solo afecta la seguridad pública, sino también el medio ambiente. Las Fuerzas Armadas realizan operativos frecuentes, logrando desmantelar al menos dos de estas instalaciones al mes, según registros oficiales. 

La expansión de estas organizaciones representa un riesgo directo para las comunidades locales, quienes enfrentan altos niveles de violencia e inseguridad.