La fama de “mal pagador” de Ecuador y la burocracia han frenado los proyectos eléctricos

Lentitud en licencias ambientales o certeza de pagos han frenado la construcción

El expresidente Guillermo Lasso firmó el contrato de inversión del proyecto eólico Villonaco III en Loja / Foto: cortesía

Quito- Sí ha habido proyectos eléctricos, pero la poca credibilidad ecuatoriana los ha frenado. Eso se concluye de la crítica situación eléctrica de Ecuador, que ha llevado al país a tener cortes de luz de hasta 12 horas a fines de septiembre de 2024.  

Las autoridades señalan que el problema es el déficit de energía eléctrica, es decir la falta de generación que el país ha acumulado en los últimos años. Y una de sus causas es la falta de proyectos de generación. Sin embargo, al menos en el papel, los últimos gobiernos sí han intentado construirlos.  

Por ejemplo, el Gobierno de Guillermo Lasso impulsó un paquete de nueve proyectos de energías alternativas, que sumaban 714 megavatios (MW) de potencia, pero ninguno ha comenzado su construcción. Dentro de ese grupo se encontraban iniciativas como los proyectos fotovoltaicos El Aromo o Imbabura.     

Mientras tanto, el Gobierno de Daniel Noboa ha buscado contratar energía de emergencia a través de la compra y alquiler de motores en tierra o barcazas. Solo han entrado en operación 100 megavatios de la barcaza turca de Karpowership.  

¿Por qué no han avanzado los proyectos? Tanto autoridades del Gobierno como expertos del sector han apuntado a dos causas: problemas burocráticos y la falta de confianza de las empresas con Ecuador respecto a los pagos o financiación de los proyectos.  

La ministra de Ambiente y encargada de Energía, Inés Manzano, aseguró que estaban represadas las licencias ambientales para que los proyectos puedan construirse y agregó que destrabó los relacionados con energías fotovoltaicas.  

Las empresas que buscan construir los proyectos han asegurado que empezarán cuando haya garantías de pago. Además de la inseguridad jurídica del país, la falta de certezas de cómo pagarán los proyectos debido a que las tarifas eléctricas no contemplan esa posibilidad porque están subsidiadas ponen en duda la seriedad del país.  

Por esta razón, se buscaba crear un fideicomiso con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que garantice el pago a las empresas, que buscaba ser incorporado en la nueva ley eléctrica. Sin embargo, los asambleístas de bancadas de izquierda se han opuesto.