La CIDH da la razón a Emilio Palacio y El Universo

La resolución de la CIDH se produce ocho años después de que Palacio y los Pérez presentaron ante ese organismo del sistema interamericano de DDHH una petición por la violación de sus derechos humanos.

Foto: 4Pelagatos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ordenó al Estado ecuatoriano, pedir disculpas en un acto público e indemnizar económicamente al periodista Emilio Palacio y a los accionistas y ejecutivos de diario El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez. Se trata de un gesto de desagravio y remediación que deberá hacer por la sentencia que en contra de Palacio y los Pérez dictaminó la justicia correísta en el 2011, cuando le dio la razón al entonces presidente Rafael Correa que los demandó porque, según él, lo habían injuriado en una columna de Palacio publicada en ese diario.

La resolución de la CIDH se produce ocho años después de que Palacio y los Pérez presentaron ante ese organismo del sistema interamericano de DDHH una petición por la violación de sus derechos humanos. La justicia, en primera y segunda instancia, falló a favor de Correa, quien dijo que se sintió afectado por la columna de Palacio, e impuso una pena de tres años de prisión para cada uno de los querellados, así como el pago de 40 millones de dólares como indemnización. Aunque luego Correa, que presentó la demanda en su supuesta calidad de ciudadano común y corriente y no de Presidente de la República como en efecto lo era, pidió la remisión de las penas, la sentencia quedó en firme.

En su informe, que está en la Procuraduría del Estado desde el 16 de abril, la CIDH hace una serie de recomendaciones que representan un contundente y humillante revés al correato en uno de los casos más emblemáticos y polémicos de acosamiento a la prensa y de abuso de poder. Entre esas recomendaciones de la CIDH está dejar sin efecto la condena penal en contra de Emilio Palacio y los hermanos Pérez que sigue vigente, aunque no se cumplió. No fija un monto pero la CIDH dice que se deberá indemnizar a los afectados por los daños pecuniarios y no pecuniarios, lo cual deberá ser resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica.

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