La 'Bukelización' está calando en Ecuador, advierten defensores de derechos humanos

El grupo de colectivos está integrado por ambientalistas, feministas y defensores de los derechos de la comunidad LGTBIQ

"Se está desencadenando una guerra contra las personas empobrecidas y racializadas" / Foto: EFE

Quito.- Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestó este martes su preocupación por la crisis de inseguridad del país y lamentaron que "el discurso de la 'Bukelización' está calando en el país, con una visión altamente punitiva sin profundizar en las causas detrás de la criminalidad.

"Se está desencadenando una guerra contra las personas empobrecidas y racializadas", lamentó Nadia Rivadeneira, del colectivo Mujeres de Frente, para quien "el discurso de la 'Bukelización' está calando".

"Hablamos de más cárceles y de más penas", indició Rivadeneira, que cuestionó la visión de elevar la población penitenciaria sin dar solución a la reconstrucción del tejido social.

Este grupo de colectivos también ambientalistas, feministas y defensores de los derechos de la comunidad LGTBIQ rechazó también el calificativo de "antipatria" que el presidente, Daniel Noboa, usó para referirse a las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos durante el "conflicto armado interno" que ha declarado contra el crimen organizado.

"Estamos aquí para decirle al presidente que 'antipatria' es no cumplir con las sentencias judiciales", dijo en un acto público la coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Vivian Idrovo.

La activista se refirió así a la propuesta del mandatario ecuatoriano de dilatar el cierre y desmantelamiento del yacimiento petrolero Bloque 43-ITT, que según el plazo dispuesto por la Corte Constitucional, su producción deberá detenerse en agosto, después de que los ecuatorianos voten el año pasado a favor del cese de la explotación.

"'Antipatria' es no cumplir con pagar los sueldos (de la administración pública) de manera puntual y plantear una guerra para imponer medidas económicas que aumentan la brecha de desigualdad", aseguró Idrovo, quien también criticó que el jefe de Estado venda al país como un destino para la inversión minera.

"Le decimos al presidente que las personas defensores no tenemos miedo y que siempre vamos a estar luchando por una sociedad más justa", concluyó.

Estas organizaciones y colectivos cuestionaron que la militarización del país solvente la situación de violencia e inseguridad, pues recordaron que desde 2019 se han emitido hasta una veintena de estados de excepción.

Militarización de cárceles

En ese sentido, Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, cuestionó la legalidad de que las Fuerzas Armadas tengan el control de las cárceles del país sin un plazo definido.

Desde el CDH se impulsó una demanda que por presuntas violaciones a los derechos humanos en cárceles intervenidas por militares, lo que llevó a un juez a ordenar a la Defensoría del Pueblo que haga una investigación sobre esa denuncia.

Bastias aclaró que los defensores de derechos humanos no están en contra las intervenciones de las fuerzas del orden, pero cuestionó que su permanencia a largo plazo no favorece la rehabilitación y la reinserción de la población penitenciaria.

El portavoz del CDH aseguró que tienen constancia de torturas, tratos, crueles, inhumanos y degradantes de los militares hacia los presos en cárceles que hasta la llegada de las Fuerzas Armadas controlaban de manera violenta las bandas criminales, cuyas rivalidades causaron una serie de masacres carcelarias donde fueron asesinados más de 450 presos desde 2020.

"Torturas y tratos cureles inumanos y degradantes. Es un círculo vicioso de violencia. ¿De qué sirve detener gente si la voy a llevar a un espacio donde la voy a maltratar más?", se preguntó Bastias.

Causas estructurales

Estas organizaciones señalaron que, más allá de la criminalidad, hay otras causas estructurales que han provocado el escenario de violencia, como la profundización de la pobreza, con miles de niños y jóvenes que han desertado del sistema escolar, el empleo, la seguridad social y la justicia".

"Son niños y jóvenes abandonados por el Estado y condenados a sobrevivir en los márgenes de la ilegalidad, que les ofrece lo que el Gobierno les ha negado: protección y cuidado", apuntaron.

También participaron en el acto otras organizaciones como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y Acción Ecológica.

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