La Asamblea inició el debate sobre la continuidad del juicio político a Lasso

Para seguir adelante con el juicio, la oposición necesita 70 votos, ya que el informe será tramitado por el pleno bajo el artículo 142 de la Constitución

Para seguir adelante con el juicio, la oposición necesita 70 votos, ya que el informe será tramitado por el pleno bajo el artículo 142 de la Constitución/ Foto: cortesía Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, de mayoría opositora, inició este martes el debate para decidir si el juicio político de censura abierto por la oposición al presidente, Guillermo Lasso, pasa a la última fase, donde se votaría si continúa o no en el cargo.

Con 117 asambleístas presentes de los 137 que componen la Cámara, el Legislativo ecuatoriano debe votar el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización en base a las pruebas y testigos presentados por la acusación y la defensa, sobre un presunto peculado (malversación) cometido por el jefe de Estado.

El informe, que recomienda archivar el juicio político al mandatario por falta de pruebas, no logró ser aprobado el sábado en la Comisión de Fiscalización después de que cinco de los nueve asambleístas que componen este grupo votasen en contra.

Para seguir adelante con el juicio, la oposición necesita 70 votos, ya que el informe será tramitado por el pleno bajo el artículo 142 de la Constitución, que encarga al pleno de la Asamblea el conocimiento de una ley o un procedimiento parlamentario que no haya podido ser resuelto por las comisiones legislativas.

Sin embargo, en la última fase del juicio político se requieren 92 votos para destituir al jefe de Estado, equivalentes a dos terceras partes de la Cámara.

Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.

En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.

El juicio político fue promovido por la oposición después de la dura derrota sufrida por el oficialismo en la cita electoral del 5 de febrero, cuando el Gobierno perdió el referéndum planteado para hacer reformas en la Constitución y el correísmo (por el expresidente Rafael Correa) fue el gran triunfador de las elecciones locales.

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