Juez rechaza acción de protección contra Curipamba

El proyecto minero puede continuar en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar.

El proyecto minero puede continuar en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar./ Foto: cortesía Curiming

Quito- Un juez de la provincia de Bolívar rechazó la noche de ayer, 24 de julio, una acción de protección presentada en junio contra el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), con el objetivo de revocar la licencia ambiental del proyecto minero Curipamba.

El juez Segundo García Benavidez, de la Unidad Judicial del cantón Las Naves, durante la audiencia determinó que no hubo ninguna violación a derechos constitucionales, que durante el proceso de consulta ambiental realizado por el MAATE se incluyó a todas las personas que podían ser afectadas por el proyecto, y que quienes no quisieron participar, por una posición personal, sí conocían que se estaba realizando la consulta.

Inmediatamente a la decisión del juez, los demandantes presentaron un recurso de apelación, que tendrá que ser tratado por la Corte Provincial y podría demandar entre tres y cuatro meses, según los abogados del caso.

Los demandantes, que decían representar a pobladores de las comunidades rurales de Buenos Aires, Bellavista y Jerusalén, aducían que el proceso de consulta ambiental para Curipamba, que concluyó en diciembre de 2023, vulneró su derecho a la participación y el propio derecho a la consulta ambiental.

Como medidas de reparación, los demandantes habían pedido dejar sin efecto el estudio de impacto ambiental y la concesión de la licencia ambiental, elementos indispensables para iniciar la construcción de la mina.

Tras la decisión del juez, el proyecto puede continuar, pues, no tiene impedimento alguno, y todas las licencias están vigentes.

Curipamba, operado por las canadienses Adventus Mining y Salazar Resources, es un proyecto de mediana minería, cuyo depósito el Domo alberga principalmente cobre y oro, aunque también posee zinc y plata. 

En una reciente conferencia, el vicepresidente de Adventus, Skott Mealer, dijo que el proyecto requirió de 27 autorizaciones, entre ellas, un certificado de no afectación de agua.

Para la construcción y operación, la licencia ambiental establece más de 50 puntos de monitoreo de la calidad de aguas superficiales, más de 100 mediciones de caudal, más de 20 puntos de monitoreo de control de calidad y cantidad de agua subterránea y más de 50 monitoreos de la calidad de descarga del agua, entre otros puntos.

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