Íñigo Salvador, procurador general, dimitió tras la designación de su sucesor

Salvador señaló que durante su período, concentró sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, en el marco de las atribuciones que la ley asigna a la Procuraduría.

Salvador señaló que durante su período, concentró sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, en el marco de las atribuciones que la ley asigna a la Procuraduría / Foto: EFE

El procurador general de Ecuador, Íñigo Salvador, presentó este miércoles su renuncia al cargo, que venía ejerciendo de forma extendida desde julio pasado, cuando se cumplió el período de cuatro años para el cual fue electo y una vez que se designó a su sucesor.

En una carta publicada en la cuenta de Twitter de la Procuraduría, Salvador recordó que el pasado 31 de julio se cumplió el período para el que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y para el que fue posesionado por el Parlamento en 2018.

"Desde esa fecha, como lo anuncié públicamente, he estado a la espera de ser legalmente reemplazado por el nuevo titular", señaló, antes de recordar que ya el 20 de octubre el CPCCS designó como procurador para el período 2022-2026 a Juan Larrea, quien asumirá su cargo ante la Asamblea Nacional en los próximos días.

Lucha contra la corrupción 

Salvador destacó que completó su período "sin ser forzado a una terminación prematura y abrupta, como la ocurrido a varias altas autoridades del Estado en los últimos seis años, y sin que él mismo se extienda más allá del lapso indispensable para permitir un relevo ordenado".

"En una coyuntura de alta inestabilidad política y de emergencia sanitaria, esto es, sin lugar a duda, un logro importante de por sí y, además, una clara muestra de que he cumplido la gestión encomendada con apego a la ley y con la transparencia y seriedad que esta alta investidura exige", destacó.

Señaló que durante su período, concentró sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, en el marco de las atribuciones que la ley asigna a la Procuraduría.

"Así, a diferencia de administraciones anteriores, me correspondió liderar la presentación de acusaciones particulares y contribuir a obtener sentencias condenatorias en los más importantes juicios contra funcionarios corruptos de Gobiernos anteriores, gestionar la ejecución de dichas sentencias y la recuperación de activos dentro y fuera del país, tal como la ley obliga", dijo.

Consideró que lo logrado durante su periodo "ha sido inédito en relación al pasado, no tanto en términos cuantitativos sino en cuanto constituye una demostración de la voluntad del Estado de agotar toda acción licita posible en esta lucha".

"Pero quizás la labor más importante contra la corrupción ha sido la de reducir los resquicios que deja el ordenamiento jurídico y que los corruptos buscan aprovechar", señaló.

Defensa del Estado 

En cuanto a la defensa del Estado ante jueces nacionales e internacionales, recordó que le correspondió plantear demandas en tribunales arbitrales y cortes de jurisdicción extranjera, a fin de exigir el cumplimiento de obligaciones a favor del Estado.

También presentó acciones de nulidad y otros recursos en grandes procesos arbitrales en los que Ecuador había sido condenado por incumplimientos de tratados internacionales, en laudos dictados antes de su gestión o apenas iniciada.

"Esta experiencia dio cuenta de lo titánica que resulta la labor de defensa jurídica del Estado ecuatoriano, cuando ciertas prácticas gubernamentales en tiempos pasados han socavado la seguridad jurídica", apuntó.

No obstante, continuó, en muchos procesos arbitrales se han obtenido laudos abiertamente favorables a Estado ecuatoriano o que han declarado sustanciosas reducciones de los montos inicialmente demandados.

Salvador considera que su paso por la Procuraduría será recordado por el diseño y puesta en marcha del nuevo modelo de gestión llamado "La Procuraduría del futuro", en ejecución desde inicios de 2019 con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En aplicación de ese modelo, la Procuraduría defenderá al Estado con un enfoque primordialmente preventivo, pues la mejor forma de velar el interés público es la aplicación del principio "menos litigios y mejor defendidos", concluyó.