Indígenas están en contra de la expansión petrolera en Pastaza

La Confeniae hizo un llamado a las comunidades para “seguir resistiendo”

Canelo explicó que, después de un mes de espera, la respuesta del Gobierno fue “incompleta y preocupante” / Foto: cortesía

Quito.- Organizaciones indígenas de Ecuador se mostraron en contra de la licitación de nuevos bloques petroleros en la provincia amazónica de Pastaza y exigieron su derecho a un consentimiento previo, libre e informado antes de realizar actividades extractivas en su territorio.

En una rueda de prensa que tuvo lugar este lunes con representantes de las comunidades indígenas afectadas, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana (Confeniae), José Esach, hizo un llamado a las comunidades para “seguir resistiendo”.

Esach declaró que desde hace más de 50 años que se saquea la Amazonía y “lo único que han traído estos proyectos petroleros es conflicto y contaminación”.

El pasado 11 de abril las comunidades indígenas afectadas presentaron ante la Presidencia de la República y el Ministerio de Energía y Minas una petición de acceso a la información sobre estas licitaciones, declaró Luis Canelo, presidente de Pastaza Kikin Kichwa Runakuna (Pakkiru).

Canelo explicó que, después de un mes de espera, la respuesta del Gobierno fue “incompleta y preocupante”, al establecer que se planifica avanzar en nuevas rondas licitatorias, pero sin especificar cómo ni cuándo esta expansión petrolera se va a llevar a cabo.

De esta manera, a juicio de Canelo, se viola el derecho de máxima divulgación de información ambiental, así como el de consentimiento y consulta previa, libre e informada con el que cuentan las nacionalidades amazónicas frente a cualquier actividad de carácter extractivo en su territorio.

"No es posible que en esta época de crisis climática, el proyecto de nuestro Estado sea el extractivo", declaró el presidente de Pakkiru.

También Samai Gualinga, vicepresidenta de la comunidad kichwa de Sarayaku, hizo alusión a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que, en 2012, declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos humanos de este pueblo al otorgar concesiones mineras sin su consentimiento previo.

"Para nosotros el desarrollo no pasa por destruir la naturaleza. El petróleo se va a acabar y debemos pensar un desarrollo diferente", apostilló Gualinga.

En marzo de este año, el Gobierno de Ecuador anunció su intención de avanzar con la licitación de la Ronda petrolera del Sur Oriente, además de la renegociación de otros campos petroleros.

Entre 2012 y 2013, el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) ya intentó realizar la adjudicación de esta ronda, pero un juez local sentenció a favor de las comunidades indígenas que reclamaban que el proceso había violado la consulta previa, libre e informada. EFE

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