Indígenas entregan 14.000 firmas de apoyo a víctimas de derrame de abril

Organizaciones indígenas entregaron este lunes al Consejo de la Judicatura de Ecuador, en la ciudad amazónica de Orellana, más de 14.000 firmas de personas de todo el mundo en una muestra de apoyo a los damnificados por un derrame de crudo en abril.

Indígenas entregan 14.000 firmas de apoyo a víctimas de derrame de abril / Foto: Shutterstock

Organizaciones indígenas entregaron este lunes al Consejo de la Judicatura de Ecuador, en la ciudad amazónica de Orellana, más de 14.000 firmas de personas de todo el mundo en una muestra de apoyo a los damnificados por un derrame de crudo en abril.

La presentación del amicus curiae, con el que los firmantes exigen "justicia y reparación para las comunidades y la naturaleza", según un comunicado, tuvo lugar en la ciudad de Orellana, donde una multitud de activistas se concentró para hacer entrega del listado.

"Incluye a ciudadanos no solo ecuatorianos, sino de otros países que están pendientes de una decisión dentro de este caso", destaca un comunicado de las organizaciones convocantes.

El plantón pacífico ante las instalaciones del Consejo de la Judicatura exigió la celebración de una audiencia por la justicia y la reparación de las 27.000 personas que se vieron afectadas por el derrame de 15.000 barriles de petróleo en el río Napo el pasado 7 de abril.

Ello después de que las autoridades del órgano judicial cancelaran la que tenían programada para este lunes.

El presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fecunae), Carlos Jipa, manifestó que se ven "manchados de petróleo, llenos de contaminación" y denunció que el derrame causó "enfermedades" y "ni el mismo Ministerio de Salud se hizo presente" para escuchar sus demandas.

Desde hace ocho meses, "la falta de respuestas oportunas y de un debido proceso judicial se enmarca en un ciclo de injusticias donde los más de 27.000 afectados y afectadas no han tenido acceso a la tutela judicial efectiva y a mecanismos de reparación integral", se quejaron las comunidades afectadas.

El derrame, el más grave de las últimas dos décadas, se produjo cuando los oleoductos operados por las empresas OCP (privada) y Petroecuador (pública), que trasladan el crudo del Oriente ecuatoriano hacia los puertos en el oeste, se rompieron por un corrimiento de tierras en la zona.

Los colectivos indígenas sostienen que con medidas preventivas se pudo haber evitado el desastre, en tanto que las petroleras aluden a un accidente imprevisible.

Y aseguran que en los últimos meses han limpiado la zona de las manchas de petróleo que provocó el derrame.

En septiembre pasado un juez de una corte de Orellana negó una acción de protección constitucional en contra de las dos empresas solicitada por los damnificados.

Pero las comunidades indígenas mantienen su postura de que los efectos de la contaminación siguen presentes en el agua y la tierra, afectando no solo a la salud sino también a su sustento.

"Es muy grave la realidad que estamos viviendo, más que todo en las personas de tercera edad, mujeres y niños ya que son los que están más conectados con el río y hacen uso del agua a diario", se quejó este lunes la presidenta de la comunidad de Toyuca, Verónica Grefa.

"A los niños les dan granitos, fiebre y laceraciones en la piel y a las mujeres infecciones vaginales", precisó la dirigente indígena destacando que se le ha "negado" justicia a los kichwa.

De su parte, Jairo Gualinga, dirigente de Juventudes en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), explicó que con el plantón de hoy buscan "el diálogo" pero también exigen que "los derechos se cumplan".

"Que no solo nos escuchen, sino que nos respeten y cuando hablamos de respeto nos referimos a no más contaminación, no más vulneración de derechos", agregó.

Y es que para las organizaciones indígenas, "la decisión de cancelar la audiencia, nuevamente, vulnera los derechos a la motivación, la defensa, la interculturalidad y el acceso a la justicia de las comunidades" y es parte de la "sistemática vulneración de derechos que el pueblo kichwa ha sufrido en estos ocho meses que transcurre el proceso legal". EFE