Human Rights pulveriza la justicia correísta

El informe de Human Rights Watch es demoledor para Gustavo Jalkh y el sistema montado por el correísmo, justo ahora que el Consejo de Participación transitorio hace su evaluación.

Foto: 4Pelagatos

“Las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre denuncias creíbles de injerencia política en el poder judicial. Las evidencias indican que altos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa y del Consejo de la Judicatura han interferido en la resolución de casos de interés político para el gobierno, así como en el nombramiento y la destitución de jueces”: así presentó hoy Human Rights Watch el informe que hizo tras una visita en noviembre de 2017 “para evaluar los niveles de independencia judicial”. Ya en 2014, esta misma organización había señalado cómo esa independencia “se había visto gravemente vulnerada durante la gestión de Gustavo Jalkh”.

Human Rights Watch volvió a charlar con “altas autoridades del Consejo de la Judicatura, jueces en ejercicio o destituidos, personal de la Defensoría Pública, asesores de legisladores en la Asamblea Nacional, abogados, académicos y organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos temas” y documentó 12 casos. En ellos prueba que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia o asesores de Correa intervinieron sugiriendo a los jueces cómo fallar. Aquellos jueces que no acataron las disposiciones fueron suspendidos o destituidos, dice la organización de derechos Humanos. En su informe figuran pruebas de la intromisión política en la Justicia: los correos electrónicos que fueron filtrados. O el memorando de la Presidencia que “ordenaba a jueces rechazar demandas contra el gobierno”.

Uno de los mecanismos más usados por el Consejo la norma del Código Orgánico de la Función Judicial según la cual puede remover o destituir jueces por desempeñarse con “dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”. Human Rights Watch recuerda que, entre 2013 y agosto de 2017, 145 jueces fueron suspendidos o removidos por cometer “errores inexcusables”. Una práctica que Gustavo Jalkh ha defendido cuando la realidad muestra que no ha sido más que un mecanismo discrecional que permitió al correísmo meter las manos en la Justicia, usar jueces y amedrentar a toda la función judicial.

El informe de Human Rights Watch es demoledor para Gustavo Jalkh y el sistema montado por el correísmo, justo ahora que el Consejo de Participación transitorio hace su evaluación. Esta organización destaca “la existencia de un patrón de acciones gubernamentales orientadas a presionar o coaccionar al poder judicial en su manejo de casos importantes o con implicancias políticas durante el gobierno de Correa”. Ese patrón responde, entre otras, estas características:

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