Hacinamiento, descontrol y crimen en las cárceles de Ecuador, según HRW

El estudio aseguró que las cárceles en Ecuador a menudo "están controladas por organizaciones delictivas que extorsionan" a detenidos y sus familias

Foto EFE

El hacinamiento, la falta de control estatal y el poder adquirido por grupos criminales son los factores que explican la violencia en las cárceles de Ecuador, donde han ocurrido más de 350 asesinatos en los últimos dos años, según precisó este jueves la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

"La sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles de Ecuador han contribuido a que miembros de las pandillas que se encuentran detenidos cometan masacres", señaló HRW (con sede en Nueva York) en un informe también difundido en Quito.

El estudio incluye un modelo en tercera dimensión de la llamada "Penitenciaría del Litoral", lugar de una de las masacres en la que, según la ONG, "las autoridades no respondieron de manera adecuada ni oportuna para prevenir o impedir los asesinatos, asistir a familiares de las víctimas e investigar los crímenes".

"Estos actos violentos son un alarmante recordatorio de las graves falencias que existen en Ecuador para lograr un control efectivo sobre las cárceles y proteger la vida y la seguridad de los ecuatorianos", aseguró Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de HRW.

BAÑOS DE SANGRE PODRÍAN REPETIRSE

Según la directora interina para las Américas de HRW, "a menos de que el presidente Guillermo Lasso se ocupe de forma prioritaria de reducir la sobrepoblación carcelaria y recuperar el control de las cárceles, es probable que estos horrorosos baños de sangre continúen".

El estudio se sustentó en un motín carcelario en el Centro de Privación de Libertad CPL Guayas N.º1, conocido como "Penitenciaría del Litoral", ocurrido a mediados de noviembre del año pasado y que dejó más de 63 muertos, en un momento en que en este lugar había más de 7.000 detenidos, pese a que su capacidad máxima es de 5.246.

El informe de HRW indica que desde 2021 se han producido 7 masacres en cárceles de varias ciudades como Guayaquil, Latacunga y Cuenca, que dejaron más de 350 muertos y decenas de heridos. La más reciente ocurrió, el pasado 18 de julio, en una prisión de Santo Domingo de los Colorados, con 12 reclusos asesinados.

El estudio aseguró que las cárceles en Ecuador a menudo "están controladas por organizaciones delictivas que extorsionan" a detenidos y sus familias, incluso a aquellos reos en situación de "prisión preventiva", con fines de investigación, o por delitos menores.

El estudio se soporta en entrevistas a decenas de reos y familiares, la recopilación de información oficial y en redes sociales, y comentarios de especialistas en temas de seguridad, fiscales y funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, HRW lamentó que la Policía y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI, la autoridad penitenciaria) no respondieron a los pedidos de información de la organización internacional.

El documento también recoge las acciones del Gobierno para atender la crisis carcelaria y recuerda que el presidente Lasso declaró en varios momentos "estados de excepción" en las prisiones, que implicó la movilización de las Fuerzas Armadas.

Lasso también adoptó una "política pública" para mejorar el sistema penitenciario y creó una comisión de expertos para atender el tema.

ALMACENES DE CASTIGO

En junio pasado, dicha comisión concluyó que las cárceles en Ecuador eran "almacenes de castigo" y que el hacinamiento había agravado la violencia en las prisiones, además de señalar situaciones de trato inhumano, degradante y corrupción por parte de policías y guardias penitenciarios.

Además, hasta mediados de julio las autoridades no habían condenado a ninguna persona por su participación en las masacres ocurridas en las cárceles desde 2021. Para diciembre, la Fiscalía había iniciado 26 investigaciones sobre "hechos violentos", incluidas las masacres.

HRW también advirtió que, según testimonios de familiares de las víctimas, no se ha concretado ningún tipo de reparación, indemnización ni apoyo del Gobierno.

Conforme al derecho internacional, "Ecuador tiene la obligación de garantizar que todas las personas privadas de su libertad reciban un trato humano y que se respete su dignidad", brindar "alimentos y atención en salud adecuados, entre otras condiciones básicas", precisó.

Además, HRW subrayó en su informe que "Ecuador está obligado, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, a investigar de manera oportuna y exhaustiva todas las muertes que ocurran en las prisiones".