Fiscalía incluye a Aquiles Álvarez en caso presunto contrabando de gasolina

El fiscal ya solicitó prisión preventiva para Álvarez

Tras la denuncia la Fiscalía allanó varias oficinas pertenecientes a la compañía Copedesa / Foto: cortesía Aquiles Álvarez

Quito- La Fiscalía de Ecuador incluyó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro de la investigacón del denominado caso 'Triple A', en el que se indaga un presunto contrabando de combustible a través de la cadena de estaciones de servicio de combustible que posee su familia.

Alvarez, que está respaldado por el correísmo, la primera fuerza de oposición al Gobierno del presidente Daniel Noboa, fue incluido en la investigación junto a otras diez personas más que tendrán que cumplir con diferentes medidas cautelares como la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y uso de dispositivos de vigilancia electrónica.

Para Alvarez el fiscal había solicitado prisión preventiva, una petición que no fue atendida por el juez que tutela la instrucción fiscal.

"Los elementos expuestos dan cuenta que las personas procesadas habrían establecido relaciones comerciales entre las empresas involucradas, en las cuales se comercializó gran cantidad de combustible, especialmente diésel subsidiado, con presuntas irregularidades en los procesos", indicó la Fiscalía en su comunicado de este jueves.

Alvarez criticó que esta vinculación el caso 'Triple A' se produzca cuatro días antes de las celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, "para buscar generar un golpe de efecto final".

"Este proceso tiene muchas nulidades para lo posterior. Más allá de las nulidades, nosotros ganaremos el caso con argumentos sólidos, que los tenemos", aseguró Alvarez en sus redes sociales.

Estos once nuevos investigados se suman a las cinco personas naturales y otras cinco jurídicas que eran parte del proceso, y a quienes la Fiscalía ya les formuló cargos en diciembre de 2024.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en julio del año pasado por la estatal Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, del Gobierno de Daniel Noboa.

Esta agencia reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente haber sido comercializados en países vecinos a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.

También informaba de supuestas incoherencias administrativas en algunas estaciones de servicio que supuestamente llegaron a vender más galones de diésel que podían almacenar de forma autorizada.

Tras la denuncia, la Fiscalía allanó varias oficinas de estaciones de servicio pertenecientes a la compañía Copedesa, de Álvarez y su familia, ante la sospecha de un desbalance entre el combustible adquirido y el efectivamente administrado en sus surtidores.

Meses después, el Ministerio Público procesó a cinco personas y a cinco empresas por presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.

En uno de los casos señalados, una estación de combustible adquirió presuntamente más de 7 millones de galones (26,5 millones de litros), cuando la misma tiene una capacidad de almacenamiento para cerca de 10.000 galones (unos 37.800 litros), según informó un reporte emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Además, estas estaciones presentaron otras presuntamente irregularidades, como la venta de diésel y gasolina extra a un mismo vehículo, así como de expender gasolina a vehículos con placas que no existen, de acuerdo a la Fiscalía. EFE

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