Finanzas dice que deuda de Perenco con el SRI ha dificultado el pago de laudo

La cartera de Estado señala que siempre ha tenido la intención de pagar la deuda del problema legal causado por el gobierno de Rafael Correa.

La cartera de Estado señala que siempre ha tenido la intención de pagar la deuda del problema legal causado por el gobierno de Rafael Correa / Foto: cortesía Secom

El ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que las capacidades del Estado ecuatoriano para honrar sus obligaciones, con acreedores y proveedores alrededor del mundo, no se han visto afectadas por las acciones que la compañía Perenco emprende en algunas jurisdicciones.

El pronunciamiento de Finanzas llega tras el comunicado de la petrolera, en el que menciona que ha tomado acciones con el fin de congelar cuentas de Ecuador en Singapur y Reino Unido, tras la falta de pago del laudo arbitral a su favor.

Según la cartera de Estado ecuatoriana, hasta la fecha, no existe ninguna clase de notificación oficial desde el tribunal competente con respecto a estas acciones.

Finanzas dice que ratifica el compromiso del país por cumplir con el laudo arbitral del caso Perenco. “Sin embargo, este cumplimiento se hará precautelando los intereses del Estado ecuatoriano”.

Sostiene que Perenco mantiene deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y esto ha dificultado el pago del laudo. “Se espera llegar a un acuerdo con esta compañía, que ya no opera en el país, para establecer un mecanismo adecuado de pago hasta que se alcance una definición legal sobre las obligaciones tributarias, aspecto que se está tramitando en instancias judiciales de Estados Unidos”.

Aclara que en ningún momento ha existido la intención del país de no cumplir con este laudo, que es el resultado de decisiones adoptadas por el gobierno de Rafael Correa.

El proceso arbitral del caso Perenco se inició el 30 de abril de 2008, en el cual Perenco exigía originalmente el pago de $ 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006.

Con esa ley se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50 % de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que, mediante el Decreto Ejecutivo No. 662 del 4 de octubre de 2007, dictado durante el gobierno de Rafael Correa, se incrementó al 99 %.

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