El gobierno tiene un plazo de 90 días para cumplir acuerdos tras el paro

Solo un día después de que se firmase el "Acta por la paz", el Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso ha comenzado en poner en práctica lo acordado

El gobierno tiene un plazo de 90 días para cumplir acuerdos tras el paro / Foto: EFE

El Gobierno de Ecuador tiene un plazo de 90 días desde este viernes para cumplir el acuerdo alcanzado con el movimiento indígena que puso fin a las protestas antigubernamentales por la carestía de la vida y atender el resto de punto de pliego de demandas que quedaron pendientes.

Solo un día después de que se firmase el "Acta por la paz" que permitió terminar con dieciocho días consecutivos de movilizaciones, el Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso ha comenzado en poner en práctica lo acordado.

Las primeras acciones de Lasso han sido concretar este viernes los dos puntos centrales del acuerdo, que son la reducción de los combustibles subsidiados y la derogatoria del decreto que promovía la actividad petrolera.

Así, el conservador mandatario de Ecuador redujo en 15 centavos de dólar el precio congelado de las gasolinas de 85 octanos y del diésel, de manera que ahora pasarán a costar 2,40 y 1,75 dólares, respectivamente, por galón (3,78 litros).

Las organizaciones indígenas y campesinas que promovieron las protestas aceptaron finalmente esta rebaja pese a que su demanda era desde un inicio que se rebajasen a 2,10 y 1,50 dólares, respectivamente, precios que tenían estos combustibles un año atrás.

Lasso también cumplió este viernes con derogar el decreto 95 que promovía la actividad petrolera, una de las principales exigencias del movimiento indígena.

Otra de las demandas neurálgicas de indígenas y campesinos era la derogatoria del decreto 151 sobre minería, pero aceptaron que el Gobierno se comprometa a reformarlo para que no haya más concesiones mineras en reservas naturales, territorios indígenas, zonas arqueológicas y territorios ancestrales de pueblo indígenas.

Falta así el levantamiento del nuevo estado de excepción decretado el miércoles por el Gobierno en las provincias andinas de Imbabura y Azuay y en las amazónicas de Orellana y Sucumbíos por concentrarse allí varios altercados en los últimos días y sufrir desabastecimiento de productos esenciales.

Durante los próximos tres meses también se deberá instalar una mesa entre el Gobierno y el movimiento indígena y campesino para tratar el resto de puntos del pliego de la demanda, como la condonación a familias campesinas de deudas vencidas de hasta 10.000 dólares.

Asimismo, otras demandas que motivaron las protestas era el ingreso libre a las universidades y la no privatización de empresas estatales.

Las protestas comenzaron el lunes 13 de junio y se prolongaron durante dieciocho días en los que fallecieron seis personas, entre ellos un militar, y alrededor de 500 resultaron heridas entre manifestantes y fuerzas de seguridad.