El gobierno se reúne con Telefónica y Claro

Las concesiones de Claro y Telefónica fueron otorgadas en 2008 por un periodo de quince años

Las concesiones de Claro y Telefónica fueron otorgadas en 2008 por un periodo de quince años / Foto: cortesía Telecom

 El nuevo Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tuvo su primer contacto con la multinacional de telecomunicaciones española Telefónica y con la mexicana Claro, para reanudar el proceso de negociación de sus nuevas concesiones, después de que las actuales fueran prorrogadas antes de su vencimiento.

La reunión tuvo lugar este lunes entre el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, César Martín, y los representantes en Ecuador de Telefónica, Luis Benatuil, y de Claro, Alfredo Escobar.

Martín aseguró que para el Ministerio es prioridad brindar soluciones oportunas y técnicas a un tema que es de interés nacional, considerando que la conectividad es un derecho humano básico y fundamental para el desarrollo del país, dijo el ministro en declaraciones difundidas en un comunicado de su despacho.

El titular de la cartera de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información incidió en la intención del Gobierno de Noboa de obtener mejores condiciones de calidad para los usuarios de las más de 14,6 millones de líneas de telefonía móvil existentes en el país.

La renovación para los títulos habilitantes seguirá el proceso técnico y económico que brinde los mejores servicios a los ecuatorianos, remarcó el ministro Martín, sobre un trámite a cargo de la estatal Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

Las concesiones de Claro y Telefónica, otorgadas en 2008 por un periodo de quince años, fueron prorrogadas en agosto y noviembre, respectivamente, a pocos días de que vencieran ambas, para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios mientras se retomaba el proceso de renegociación con ambos operadores.

El proceso había sido suspendido en mayo pasado por la anterior Administración del presidente Guillermo Lasso, pocos días después de que llevara al país a unas nuevas elecciones generales extraordinarias, al disolver la Asamblea Nacional (Parlamento), mediante la aplicación de la figura constitucional de la 'muerte cruzada'.

La suspensión se dio inicialmente por 120 días, para que diversas instituciones ecuatorianas remitieran informes técnicos en medio de posturas distanciadas entre la administración pública y las empresas por el valor a pagar por parte de las compañías, para recibir las nuevas concesiones.

Las empresas sostienen que los costes de las redes han aumentado en los últimos años con la aparición de nuevas tecnologías de internet móvil de alta velocidad, que exigen mantener una banda ancha capaz de sostener un gran volumen de datos de los usuarios de plataformas de transmisión, redes sociales y videollamadas, entre otros nuevos servicios.