El cierre del Bloque 43-ITT será progresivo, dice el Gobierno de Noboa

En 2024, se planea cerrar 10 de 246 pozos y completar el cierre en los 5 años siguientes.

En 2024, se planea cerrar 10 de 246 pozos y completar el cierre en los 5 años siguientes./ Foto: cortesía Petroecuador

Quito- El Gobierno de Daniel Noboa presentó el 20 de agosto su informe de seguimiento y acción del cierre del Bloque 43-ITT, para cumplir con lo dispuesto en la consulta popular de 2023. El documento, preparado por varios ministerios, presenta tres escenarios para el cierre del bloque petrolero: el primero considera una declinación natural, lo que llevaría 13 años para el cierre; el segundo propone una declinación anticipada de la producción en un plazo de 5 años; y el tercero contempla una declinación anticipada en 4 años.

El informe señala que actualmente, existen 261 pozos, de los cuales 246 están perforados, 8 son reentradas, 1 ha sido abandonado y 6 son exploratorios que deberán ser intervenidos para su cierre. “Esto implicaría aproximadamente 7,5 años de trabajo si se utilizara una torre de reacondicionamiento, o 5 años y 5 meses si se emplearan dos torres, según el presupuesto disponible”.

Para este año, “se planea el cierre inmediato de 10 pozos en el plan de abandono”, utilizando dos torres de reacondicionamiento, siempre que se cuente con la asignación presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas y las autorizaciones del Ministerio de Energía y Minas.

Entre 2025 y 2028, se proyecta cerrar 48 pozos anualmente, y en 2029 se espera cerrar 44 pozos, culminando así la operación del bloque.

Además, el informe revela que el cierre anticipado del Bloque 43 ITT podría tener un impacto económico considerable para el Estado, con pérdidas estimadas que oscilan entre $ 2.198 millones y $ 3.581 millones, dependiendo del escenario de declinación de la producción.

Además, se estima un costo adicional de $ 1.345 millones para el proceso de cierre y abandono del bloque. Estos números reflejan el desafío económico que enfrenta el país, al tiempo que se subraya la necesidad de una planificación financiera adecuada para mitigar estos efectos.

En el ámbito social, el informe señala que el cierre afectará tanto a las comunidades locales, que dependen de los convenios de compensación social, como a los trabajadores del sector petrolero.

El informe también advierte sobre los posibles impactos ambientales negativos, como la contaminación del suelo y del agua, que podrían surgir durante el proceso de abandono.

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