Ecuador ya le ha pagado a Perenco $ 213 millones por el laudo arbitral

La cantidad representa un 57 % de lo que se le adeuda a la petrolera anglo-francesa

La cantidad representa un 57 % de lo que se le adeuda a la petrolera anglo-francesa / Foto: cortesía Perenco

Una deuda que se ha saldado en parte. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que pagó unos $ 213,3 millones a la petrolera Perenco por un laudo arbitral.

En total, la deuda con la petrolera anglo-francesa sumaba $ 374,3 millones. Es decir, Finanzas ha pagado cerca del 57 % de lo que debe.

La cartera de Estado ha señalado que ya había presupuestado desde 2022 el pago a Perenco. Sin embargo, la deuda no se cancelaba porque todavía debían arreglar montos que debía la petrolera al Estado ecuatoriano por concepto de impuestos. Mientras que la petrolera reclamaba el pago y acudió a diversas instancias e instrumentos para presionar la transferencia del dinero.

Incluso, en 2022, Perenco buscó congelar las cuentas de Ecuador en Luxemburgo y Singapur para afectar el pago del país a sus acreedores de deuda en bonos soberanos y, con ello, presionar que se salde lo que le deben.

Finanzas informó del pago tras un dictamen de una corte federal de Estados Unidos que determinó que Ecuador debe cancelar más de $ 374 millones a Perenco.

¿Cuándo empezaron los problemas con la petrolera?

El caso se remonta a comienzos de la década de 2000, época en la que Perenco obtuvo licencias para la explotación petrolera en 2 bloques de yacimientos en Ecuador en el marco de una legislación que determinaba la participación del Estado ecuatoriano en las ganancias de la operación.

No obstante, en 2006, una nueva ley dispuso una participación mínima del Estado de un 50 % de los excedentes de los precios de venta de petróleo no previstos. En 2007, el gobierno del expresidente Rafael Correa incrementó esa participación a un 99 %.

Ecuador tiene un largo historial de laudos perdidos por incumplimientos de contratos. La Procuraduría General del Estado (PGE) advirtió al MEF que la posible ejecución de laudos arbitrales en 2023 podría significar al fisco más de $ 2.400 millones por 8 procesos. La cifra equivale un 2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

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