Ecuador tiene 6 meses para retirar explosivos de Sarayaku

Fueron sembrados por la empresa argentina CGC para pruebas sísmicas

Fueron sembrados por la empresa argentina CGC para pruebas sísmicas/ Pueblo Sarayaku

La Corte Constitucional (CC) dio al gobierno de Daniel Noboa un plazo de 6 meses para cumplir con una sentencia de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH). Debe establecer un mecanismo que permita neutralizar, desactivar o retirar los explosivos que desde fines de los años 90 permanecen enterrados en territorio de la comunidad indígena de Sarayaku, en la provincia de Pastaza.

Los 1.433 kilogramos de cargas explosivas de pentolita fueron sembrados por la argentina Compañía General de Combustibles (CGC). Eran para pruebas sísmicas en 463 pozos exploratorios que había perforado en un área de 20 km2 en el bloque petrolero 23, en territorio de la comunidad kichwa Sarayaku.

De acuerdo con la resolución de la CC, el mecanismo debe definirse en un proceso de consulta previa con la comunidad y considerar aspectos técnicos, ambientales y culturales.

En 2012, tras un proceso legal de alrededor de 9 años, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Ecuatoriano pagar a la comunidad $ 1.4 millones, emitir una disculpa pública, y retirar las cargas explosivas antes de junio de 2015, a base de un proceso de consulta con el pueblo Sarayaku.

En esa ocasión, la Corte IDH también dispuso que el Estado consulte con el pueblo Sarayaku en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad que implique potenciales afectaciones a su territorio. Debía poner en marcha medidas legislativas o administrativas que permitan realizar esa consulta, de acuerdo con estándares internacionales vigentes.

El Estado cumplió parcialmente la sentencia, pues, en 2014 pidió disculpas públicas en el propio territorio y cumplió con el pago de $ 1,4 millones. Los explosivos, sin embargo, permanecen en esas tierras, y tampoco se ha dictado legislación sobre consulta previa.

Debido a esos incumplimientos, en 2019, la comunidad de Sarayaku acudió a la CC en busca de que el Estado cumpla totalmente la sentencia.