Ecuador no puede garantizar justicia a inversionistas y requiere laudos, según expertos

El país ocupa la posición 96 en el Índice de Justicia y Seguridad Penal

La pregunta D de la Consulta Popular ha generado polémica / Foto: Pixabay

Quito- Una de las preguntas candentes de la consulta popular y referéndum, que tendrá lugar este 21 de abril, tiene que ver con los laudos arbitrales. Esta es una de las preguntas que más polémica ha generado y que más resistencia provoca, sobre todo en los partidos y movimientos de izquierda.

“¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?”, dice la pregunta D de la consulta popular.

La Constitución del expresidente Rafael Correa, aprobada en 2008, prohíbe los laudos arbitrales internacionales. Uno de los argumentos para incluir esta opción señalaba que “Ecuador siempre perdía” en las cortes internacionales.

Las agrupaciones de izquierda han llegado a decir que votar Sí en esa pregunta podría activar laudos actuales y que aquello implicaría que se activen demandas por $ 57.000 millones.

Pero ¿qué pasaría en realidad si gana el Sí o pierde en esa pregunta? Para el exministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Iván Ontaneda, de ganar el Sí en la consulta popular en esa pregunta, Ecuador ganará más credibilidad y podrá atraer más inversiones. No obstante, reconoce que aquello no ocurre de la noche a la mañana.

Con Ontaneda coincide Christian Hidrovo, analista económico. La justicia local no da seguridad a las empresas y más ahora con la irrupción del crimen organizado.

Actualmente, dice el exministro, Ecuador no ha podido y, mucho menos ahora, puede garantizar justicia independiente en el país, sobre todo con los casos que investiga la fiscalía, como Metástasis, Purga, entre otros, en donde se ve la intromisión del crimen organizado en las decisiones judiciales.

En 2023, Ecuador ocupó el puesto 96 entre 142 países en el índice de justicia y seguridad penal, elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial (WPJ). Esto, de cara al mundo, es un mal antecedente que se suma a la inseguridad jurídica que posee el país.

De ganar el No en esa pregunta, dice Ontaneda, Ecuador seguirá con bajos niveles de inversión extranjera, que apenas llegó a los $ 614 millones en 2023, lo cual implica menos plazas de trabajo en el país.