Ecuador dará un mensaje al mundo con consulta sobre el Yasuní, según prefecto de Pastaza

El prefecto recordó que en su provincia habitan siete nacionalidades indígenas, entre ellos los waorani

El prefecto recordó que en su provincia habitan siete nacionalidades indígenas, entre ellos los waorani/ Foto: cortesía EFE

Ecuador va a dar un mensaje a la comunidad internacional de protección de la Amazonía frente a la crisis climática, con la consulta nacional que propone detener la extracción de petróleo del Bloque 43-ITT, uno de los principales yacimientos del país, según anticipó el prefecto de la amazónica provincia de Pastaza, André Granda.

La autoridad provincial expresó en una entrevista con EFE su respaldo a votar 'Sí' al cese de la operación del Bloque 43-ITT, que produce unos 55.000 barriles de petróleo al día, equivalentes al 11 % de la producción nacional, que ronda los 480.000 barriles.

Granda recordó que en Pastaza se encuentra el 40 % del Parque Nacional Yasuní, un área protegida de un millón de hectáreas que se extiende también por la vecina provincia de Orellana, donde se encuentra el Bloque 43-ITT, que opera la empresa estatal Petroecuador.

"Por esta razón hemos planteado una postura a favor del 'Sí'. 'Sí' a favor de la vida y 'Sí' a favor del Yasuní, porque consideramos que es un tesoro único no sólo de la Amazonía sino de todo el mundo", apuntó Granda.

El prefecto recordó que en su provincia habitan siete nacionalidades indígenas, entre ellos los waorani, el pueblo más numeroso que reside en el Yasuní, y que todos en conjunto de han manifestado a favor de detener la operación del Bloque 43-ITT, una posición respaldada por el gobierno provincial.

BIODIVERSIDAD EXCEPCIONAL

Granda afirmó que en sólo una hectárea del Yasuní se puede encontrar más biodiversidad que en todo Estados Unidos y Canadá, lo que le hace una zona "muy especial" no sólo para Ecuador sino para toda la cuenca amazónica.

"Como ecuatorianos tenemos el deber de proteger esa biodiversidad", dijo Granda, al argumento que "es una zona y un ecosistema tan frágil y megadiverso que no podemos permitir realmente como ecuatorianos que continúe la explotación en este Bloque".

La máxima autoridad política de Pastaza comparó el caso del Yasuní con el de las Islas Galápagos, una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo y motivo de orgullo de los ecuatorianos.

"Si preguntáramos si estarían de acuerdo en que se explote algún recurso (en Galápagos), la mayoría creo que diríamos que no, porque Galápagos es un patrimonio para la humanidad entera, y el Yasuní es una zona tan o más megaviersa que Galápagos", añadió.

Granda consideró que esta consulta sobre el Bloque 43-ITT debe ser aprovechada como un momento para que todo Ecuador comience a debatir sobre su futuro postpetrolero y plantear alternativas de vida y económicas.

"Nosotros tenemos claro que el potencial del desarrollo no tiene que ver con lo que está bajo la tierra, sino que la verdadera riqueza del Yasuní está sobre la tierra y todo lo que ofrece la selva a través de la bioeconomía, el biocomercio y el rescate de la cultura para potenciar el turismo", indicó Granda.

LLAMADO GLOBAL

En ese sentido, el prefecto advirtió que, si el resultado de la consulta es favorable, el mensaje que le dará Ecuador a la comunidad internacional irá acompañado de un llamado, sobre todo a los países del norte, para que se hagan corresponsables del esfuerzo que está haciendo Ecuador en dejar de lado el petróleo.

"Necesitamos la corresponsabilidad global de todos los actores a nivel mundial, y en este momento se le abren a nuestro país grandes oportunidades para buscar alternativas de conservación y fondos para que este esfuerzo no quede aislado y tenga su corresponsabilidad por parte de todos los actores", concluyó.

Si bien dentro del Yasuní también operan desde los años 80 otros yacimientos como el Bloque 16, 31 y 67, la consulta se ciñe únicamente sobre el 43, a raíz de una iniciativa del colectivo ambientalista Yasunidos, que logró sacar adelante la realización del plebiscito tras una batalla legal que duró diez años.

De acuerdo a Petroecuador, el perjuicio para el Estado será de 1.200 millones de dólares al año en rentabilidad y unos 13.800 millones de dólares en 20 años, si el barril se mantiene en 66 dólares, mientras que los ambientalistas piensan que será una cantidad menor que se pueden compensar aplicando un impuesto a la riqueza.

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