Desmontar los pozos del Yasuní no será fácil, según el Banco Mundial

El siguiente gobierno debería tomar medidas como reducción del gasto público o subir impuestos, según el organismo

El siguiente gobierno debería tomar medidas como reducción del gasto público o subir impuestos, según el organismo/ Foto: cortesía Petroecuador

Un trabajo que no será de la noche a la mañana. Dejar de producir petróleo y desmontar la infraestructura petrolera en el Bloque 43-ITT tomará su tiempo, señala el Banco Mundial. Tras el triunfo del ‘Sí’ en la consulta popular, que buscaba determinar si continua o no la producción de petróleo en la zona del Yasuní (Orellana), Petroecuador aseguró que acatará la decisión.

El ‘Sí’ de la consulta popular, es decir, dejar el crudo bajo tierra, se encamina al triunfo con el 58,97 % de votos a favor. Mientras que el ‘No’ logró el 41,03 %. Sin embargo, en las provincias de Orellana y Sucumbíos, principales zonas de influencia de la explotación del Bloque 43-ITT, el ‘No’ gana con el 57,99 y 51,59 %, respectivamente. Aquello puede significar el descontento de los poblados por la salida de la actividad petrolera de sus provincias, que genera fuentes de empleo.

Pero aún queda un largo camino por recorrer hasta que se detenga el bombeo de crudo. El Banco Mundial, en su último reporte del 10 de julio de 2023 tras el crédito de $ 500 millones a Ecuador, señaló que la producción de petróleo en el Bloque 43-ITT no se detendría hasta 2026 como muy pronto.

Según el organismo multilateral, Petroecuador, tardaría al menos 3 o 4 años en preparar, obtener la aprobación e implementar un plan de cierre para evitar efectos sociales y ambientales adversos al detener las operaciones en este campo que actualmente tiene más de 220 pozos petroleros.

¿Qué deberá hacer el próximo Gobierno? El Banco Mundial señaló que la próxima administración, la correísta Luisa González o Daniel Noboa (ADN), tendrán que implementar medidas como una mayor racionalización del gasto público o la movilización de ingresos internos, que se puede interpretar como subir impuestos.

El mismo organismo señala que el impacto para el Gobierno puede ser de $ 1.000 millones al año. Petroecuador había señalado que $ 1.200 millones. Mientras que la calificadora de riesgos Fitch dijo en días pasados que el impacto directo al presupuesto sería de $ 600 millones.

Petroecuador ya ha advertido esta situación. La estatal petrolera ha señalado que el costo para retirar las tuberías, que se convertirán en chatarra, y demás maquinaria será de $ 467 millones.

La Corte Constitucional dio un año para frenar la actividad petrolera en la zona si ganaba el ‘Sí’ en la consulta. No obstante, Petroecuador ha sostenido que desmantelar todo puede demorar hasta 5 años. La razón: los kilómetros de tuberías que deberán retirarse del lugar.