Denuncia apunta a Gustavo Jalkh, a cinco jueces y 18 exfuncionarios

La denuncia asegura que a través de esa institución se cometieron actos de persecución judicial

Foto: El Comercio

Las conversaciones que aparecieron en los correos de Pamela Martínez, señalada en el caso Sobornos 2012-2016, provocan nuevas denuncias. El pasado martes 13 de agosto de 2019, un grupo de procesados por la revuelta del 30 de septiembre del 2010 (30-S) se presentaron en la Fiscalía General del Estado, en el norte de Quito.

Estaban acompañados de Beatriz Cadena, una exjueza destituida, y Óscar Ayerve. Ellos forman la Asociación Unidos por la Justicia. Su denuncia apunta al Consejo de la Judicatura del 2014, que estuvo presidido por Gustavo Jalkh.

Aseguran que a través de esa institución se cometieron actos de persecución judicial, que se habría instaurado un sistema de control a los jueces y que se cometieron “graves actos de injerencia”.

Junto con Jalkh señalan a cinco jueces en funciones y a 18 exfuncionarios de la Judicatura, entre antiguos vocales, directores provinciales, coordinadores de Control Disciplinario y de Talento Humano.

El colectivo entregó, como sustento de la denuncia, el Informe Evaluatorio al Consejo de la Judicatura. Este documento fue elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, publicado en mayo pasado. Allí se mencionan ocho casos “emblemáticos” en los que hubo supuestamente intervención en la justicia. 

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