Ecuador en las Noticias
Cuatro delitos quedan por investigar en el caso Sobornos
La defensa del expresidente Rafael Correa confirmó que ya tiene preparados los documentos para apelar la sentencia.
Harrison Salcedo, defensor de Jorge Glas, mientras deja la Corte Nacional de Justicia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Un día después de que el expresidente Rafael Correa y 19 personas más fueran condenadas por cohecho agravado en el caso Sobornos, sus abogados comenzaron a preparar los recursos legales que serán interpuestos en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La defensa del expresidente Rafael Correa confirmó que ya tiene preparados los documentos para apelar la sentencia. La idea es que un nuevo Tribunal revoque la condena. “Cuando seamos notificados por escrito ejerceremos nuestro derecho a la impugnación”.
Apenas conoció el fallo, Fausto Jarrín dice haber telefoneado a Bélgica y haber hablado con Correa, su cliente, quien habría expresado su malestar por la decisión tomada. “Él considera que en este caso se cometieron serias irregularidades e ilegalidades, además de afectar el debido proceso”.
La Fiscalía detalló uno a uno los cargos y las pruebas encontradas en la investigación. “Entre otros elementos, presentamos los testimonios de proveedores que prestaron servicios al anterior Gobierno, que fueron cancelados por empresas privadas”, dijo ayer la fiscal general Diana Salazar, al tiempo de calificar de histórica la condena en este caso.
Ahora, por disposición del Tribunal, la Fiscalía debe investigar cuatro delitos más que se desprenden de este expediente: enriquecimiento ilícito privado y público, peculado, concusión y testaferrismo.
El presunto delito de peculado tiene relación con el alquiler de una oficina privada en el norte de Quito, para que fuera ocupada por la exasesora de Correa, Pamela Martínez.
En la lista de procesados también está el exsecretario jurídico del correísmo Alexis Mera. En la mañana, él escribió un e-mail a este Diario y aseguró que la sentencia es nula y que el Tribunal los condenó por un delito que la Fiscalía General no había acusado ni probado. “Es más, los procesados no pudimos defendernos en la audiencia de juzgamiento”.
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