¿Cuál sería el impacto de la exigencia de la Conaie de suspender proyectos mineros?

Se proyecta que las exportaciones mineras podrían superar los $ 4.000 millones en 2025

La propuesta de la Conaie de frenar la inversión en este sector costaría entre $ 2.000 y $ 3.000 millones al año / Foto: cortesía Conaie

Quito- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros movimientos sociales han planteado una serie de exigencias a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, entre las que destaca la suspensión de proyectos mineros. Sin embargo, esta medida tendría un alto costo para la economía ecuatoriana. 

La Hora señala que la minería ha sido un sector clave en el desarrollo del país. En 2022, las exportaciones mineras superaron los $ 2.700 millones y en los últimos dos años han llegado hasta los $ 3.000 millones, con un aporte de más de $ 1.100 millones en impuestos y regalías. La paralización de esta industria no solo reduciría estos ingresos, sino que también pondría en riesgo miles de empleos y el desarrollo de infraestructura en zonas de explotación minera. 

Según la Cámara de Minería del Ecuador (CME), se proyecta que las exportaciones mineras podrían superar los $ 4.000 millones en 2025, impulsadas por el crecimiento de proyectos como Mirador y Fruta del Norte, junto con la posible activación de nuevas iniciativas.  

En Ecuador, al menos cinco proyectos mineros de mediana y gran escala están retrasados. Si se desarrollan, podrían generar más de $ 2.500 millones adicionales en exportaciones anuales. Entre estos proyectos se incluyen Cascabel (cobre y oro), Loma Larga (oro y plata), Curipamba (cobre y oro), La Plata (oro) y Ruta del Cobre (cobre). 

De reactivarse estas operaciones, la minería podría convertirse en la segunda fuente de ingresos no petroleros del país, superando los $ 6.000 millones en exportaciones en los próximos años. Sin embargo, la propuesta de la Conaie y los movimientos sociales de frenar la inversión en este sector costaría entre $ 2.000 y $ 3.000 millones al año en exportaciones, además de $ 1.340 millones adicionales en impuestos y regalías. 

La reducción de ingresos mineros dificultaría la inversión en salud, educación e infraestructura, aumentando el déficit fiscal del país. 

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