Corte Constitucional tratará la legalización de eutanasia

La demanda fue presentada por Paola Roldán, una ecuatoriana que enfrenta la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

La demanda fue presentada por Paola Roldán, una ecuatoriana que enfrenta la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) / Foto: cortesía Corte Constitucional

La Corte Constitucional del Ecuador (CCE) fijó para el próximo 20 de noviembre la audiencia en la que abordará la demanda de inconstitucionalidad condicionada presentada por Paola Roldán, una ecuatoriana que enfrenta la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La demanda se centra en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y busca la legalización de la eutanasia como un medio para que Paola y otras personas con enfermedades y lesiones graves e incurables ejerzan su derecho a una muerte digna.

Afrontando las difíciles circunstancias de la ELA, Roldán ha decidido llevar adelante este proceso legal a fin de "garantizar que los individuos que enfrentan condiciones médicas críticas tengan la opción de decidir sobre el final de sus vidas", señala un comunicado compartido a EFE por el equipo legal de Paola Roldán.

La audiencia, que se llevará a cabo en la CCE, a las 15:00 hora local (20:00 GMT), marcará un hito significativo en este proceso y tiene profundas implicaciones para el ejercicio de los derechos individuales en el ámbito de la salud, señala.

Demanda

La demanda argumenta que el artículo 144 del COIP contradice principios constitucionales relacionados con la autonomía personal, la dignidad humana y el derecho a una muerte digna.

Roldán, junto con su equipo jurídico conformado por el experto en Derecho Constitucional, Ramiro Ávila Santamaría; el experto en Derecho Civil, Farith Simon; y el experto en Derecho Penal, Pablo Encalada, argumenta que, dadas las circunstancias de su enfermedad, la legalización de la eutanasia le permitiría ejercer su autonomía y poner fin a su sufrimiento de manera digna.

La CCE ha reconocido la importancia y la sensibilidad del caso, y la audiencia del día 20 brindará la oportunidad para que las partes procesales presenten sus argumentos de manera detallada.

Se espera que este proceso judicial genere un diálogo sobre el derecho a una muerte digna y las opciones disponibles para aquellos que enfrentan enfermedades terminales, con argumentos constitucionales, jurídicos y técnicos.

Proceso de audiencia

La audiencia estará dirigida por el juez constitucional Enrique Herrería Bonnet, quien revisará que se encuentren presentes las partes procesales antes de declarar la sesión instalada.

La asistencia no es obligatoria para los ocho jueces restantes.

Dada la naturaleza de la demanda, las partes procesales para este caso son Roldán y su equipo de abogados; la Asamblea Nacional, en su papel de generadora de leyes, y el Ejecutivo, como colegislador.

También ha sido notificado el Ministerio de Salud Pública.

La audiencia comenzará con la exposición de los demandantes, el equipo legal iniciará con sus argumentos constitucionales y jurídicos; a continuación, Roldán se dirigirá a los jueces.

Posteriormente, expresarán sus argumentos las demás partes procesales. Al concluir, se dará un espacio para las réplicas.

En la audiencia podrán intervenir también quienes hayan ingresado un Amicus Curiae, este instrumento es la presentación de terceros que aportan a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos del Derecho que se ventilan ante la misma.

Decenas de organizaciones nacionales e internacionales ya han manifestado su decisión de argumentar a favor de la petición de Roldán, de acuerdo a su equipo legal.

Una vez que se presenten los Amicus Curiae, el juez ponente declarará el cierre de la audiencia. La Corte no está obligada a presentar su decisión en ese momento.

En el pasado, la CCE se ha tomado entre dos a tres semanas para manifestarse en casos con este tipo de atención social, por lo que se prevé algo similar.}

"Oportunidad histórica"

El equipo legal de Roldán considera que la CCE está frente a "una oportunidad histórica" de garantizar el acceso a justicia, no solo para Paola, sino para quienes hoy y en el futuro padezcan de un sufrimiento similar o incluso peor.

"Saber que su derecho a decidir sobre su propia vida en una situación así aliviaría desde el primer momento el sufrimiento y permitiría la toma de decisiones de manera informada y acompañada", anota el comunicado.