Controversia privada del 2003 derivó en juicio contra el país

Una disputa legal entre Merck Sharp & Dohme (MSDIA) y Prophar, terminó involucrando al Estado ecuatoriano, el cual puede verse obligado a indemnizar a MSDIA.

Una panorámica de la planta que generó una disputa entre la farmacéutica estadounidenses Merck Sharp & Dohme y la nacional Prophar. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/actualidad/controversia-empresasprivadas-juicio-indemnizacion.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

Una disputa legal entre las farmacéuticas Merck Sharp & Dohme (MSDIA) y Prophar, por la venta de una pequeña planta de medicamentos valorada en USD 1,5 millones, terminó involucrando al Estado ecuatoriano, el cual puede verse obligado a indemnizar a MSDIA.

El 25 de enero pasado, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), un tribunal internacional con sede en La Haya, emitió un laudo final parcial en el que le dio la razón a la estadounidense MSDIA, que demandó al Ecuador en el 2011 amparándose en un Tratado Bilateral de Inversión (TBI).

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha gastado USD 6,7 millones en la defensa del país, que está a cargo de la firma Foley & Hoag. El valor, que incluye honorarios, expensas del tribunal y costos, equivale a más de cuatro veces el valor inicial de la planta industrial, que es el centro de la disputa.

MSDIA alega en el arbitraje que las cortes nacionales le denegaron justicia dentro de la disputa legal que tiene con la ecuatoriana Prophar.

Este lío entre empresas privadas se originó en el 2003, cuando Prophar (entonces Nifa) entró a negociar la compra de una pequeña planta de medicamentos, ubicada en el Valle de los Chillos, que le pertenecía a MSDIA.

Pero la multinacional vendió la planta a otra empresa, por lo que Prophar demandó a la estadounidense.

Con el argumento de que la multinacional cometió “cuasidelito civil de negativa de venta por actos de desorganización del competidor”, la empresa ecuatoriana pidió una indemnización de USD 200 millones por daños y perjuicios.

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