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Conflicto electoral amenaza con recrudecer pugna por segundo lugar
El conflicto electoral que mantienen el candidato indígena Yaku Pérez y el conservador Guillermo Lasso por la disputa del segundo lugar de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero en Ecuador amenaza con recrudecer la pugna si se rompe un acuerdo entre ambos para el recuento de votos.
Conflicto electoral amenaza con recrudecer pugna por segundo lugar / Foto EFE
El conflicto electoral que mantienen el candidato indígena Yaku Pérez y el conservador Guillermo Lasso por la disputa del segundo lugar de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero en Ecuador amenaza con recrudecer la pugna si se rompe un acuerdo entre ambos para el recuento de votos.
La confederación de la nacionalidad kichwa de la sierra andina del país Ecuarunari anunció una movilización inmediata de su bases para "defender la democracia" y contra el "fraude" que dicen se ha cometido contra Yaku, su candidato.
La movilización, según señaló el presidente de Ecuarunari, Carlos Sucozhañay, incluirá una "avanzada" a Quito, donde se encuentra la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).
"Anuncio que, a partir de las doce de la noche (de este lunes), habrán movilizaciones territoriales y una avanzada a la ciudad de Quito", precisó Sucozhañay al reiterar que el movimiento indígena no permitirá un "fraude electoral" ni que "jueguen con la voluntad popular".
A la Ecuarunari se ha sumado la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), varias asociaciones de la Amazonía y el movimiento Pachakutik, el brazo electoral del movimiento indígena.
El anuncio de la movilización indígena, respaldada por otros sectores sociales, ha despertado la sensación de una reedición de los levantamientos de años pasados encabezados por las organizaciones campesinas.
En octubre de 2019, el Gobierno del presidente Lenín Moreno tuvo que recular en la aplicación de unos ajustes económicos comprometidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras una de esas potentes movilizaciones indígenas.
Y tras el anuncio indígena, se conoció que el Consejo Nacional Electoral, que este lunes debía tener una reunión de su pleno para dar paso al recuento de votos, aplazó la cita para ultimar detalles del proceso.
El conflicto electoral comenzó el mismo 7 de febrero, cuando el CNE anunció de forma extraoficial que el candidato progresista Andrés Arauz, afín al expresidente Rafael Corra, había ganado la votación, con 13 puntos porcentuales de diferencia sobre Yaku que, a su vez, tenía una ligera ventaja sobre el conservador Lasso.
El escrutinio inicial, sin embargo, puso ligeramente a Lasso por delante de Yaku, que reclamó el recuento y denunció un supuesto fraude en su contra.
Para zanjar las discrepancias, el CNE y un grupo de observadores internacionales auspiciaron un encuentro entre Lasso y Yaku, que terminó con un acuerdo para que se permitiera el recuento de la mitad de votos en 16 provincias y de la totalidad del sufragio en la de Guayas, cuya capital es Guayaquil, un tradicional bastión del conservadurismo.
El pasado sábado, Yaku presentó "pruebas" y "evidencias" del supuesto fraude, como se había comprometido con Lasso.
Sin embargo, a día seguido, Lasso puso reparos al acuerdo y en una carta enviada al CNE consideró que en el pacto deberían intervenir, además de los dos, los otros catorce candidatos que participaron en las elecciones del pasado 7 de febrero.
Arauz, primero de esa elección, reaccionó este lunes y por intermedio de la portavoz de su grupo político, Jhajaira Urresta, aseguró que apoyará todo lo que permita garantizar la transparencia del proceso electoral, pues remarcó que la voluntad popular debe ser "respetada hasta las últimas consecuencias".
Urresta también pidió que todos los partidos y movimientos políticos que participaron en la elección presidencial tengan la posibilidad de estar presentes en el recuento de votos, y no descartó la posibilidad de que con la revisión la votación de Arauz y su coalición electoral puedan aumentar la ventaja.
De su lado, Lasso, en la carta enviada al CNE, señaló que para dar paso al recuento la autoridad electoral debería recibir la identificación precisa de cada una de las urnas de votación sobre las que se impugna el escrutinio.
"Si el CNE procede de otra manera, no solo sería injusto, sino ilegal y hasta delictivo, porque se presumiría la comisión de uno o varios delitos" y podría declararse la nulidad de todo el proceso, remarcó el candidato conservador.
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