Economía
Cientos de personas reclaman la legalización total de la marihuana en Ecuador
"Todos somos planta" es el lema de la pancarta que encabezaba esta marcha, que comenzó en los exteriores de la Universidad Central de Ecuador (UCE)
Al grito de "no más presos por plantar, no más presos por fumar", cientos de personas marcharon este jueves por las calles de Quito para exigir la legalización de la marihuana con fines recreacionales, después de que en Ecuador ya sea legal el cannabis medicinal desde 2019.
La nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM), que se celebra cada año en la primera semana de mayo, reunió en la capital de Ecuador a alrededor de 300 personas que realizaron una apología al consumo de la marihuana frente a los policías que vigilaban el desarrollo de la movilización.
Mientras la mayoría fumaba incansablemente de las formas más diversas, incluida una improvisada pipa hecha con una manzana, otros paseaban sus propias plantas de cannabis o incluso iban disfrazados de la icónica hoja de esta planta.
"Todos somos planta" es el lema de la pancarta que encabezaba esta marcha, que comenzó en los exteriores de la Universidad Central de Ecuador (UCE) y avanzó hasta llegar a las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado, a la que dirigieron sus reclamos.
A medida que avanzaban en su ruta a la Fiscalía, el humo emanado por sus participantes se elevaba al cielo de la capital ecuatoriana, mientras en el ambiente quedaba el inconfundible aroma del cannabis, ante la sorpresa de los transeúntes que se encontraban sin esperarlo con esta manifestación.
Desde 2019 el uso medicinal del cannabis es legal en Ecuador, lo que ha permitido que surjan en el país empresas como CannAndes, cuya meta es generar una industria dedicada a la elaboración de productos para uso medicinal y terapéutico con base en esta planta.
Por sembrar cannabis en Ecuador sin un permiso para uso medicinal la pena va uno y tres años de cárcel, mientras que el castigo por la posesión del producto ya preparado para su consumo es de entre uno y trece años de cárcel, en función de la cantidad almacenada.