Catorce bufetes reciben $ 80 millones por defender al Estado ecuatoriano

De los 29 arbitrajes activos fuera del país, 20 son demandas contra el país y nueve, casos en que actúa como demandante.

Foto: El Universo

“¡Que les vaya bonito!”. La frase, que arrancaba aplausos en las sabatinas de Rafael Correa, costó millones. Los propios funcionarios de la Procuraduría y los abogados externos contratados para la defensa del Estado en las cortes y foros de arbitraje internacional la recuerdan como un dolor de cabeza.

De los 29 arbitrajes activos fuera del país, 20 son demandas contra el país y nueve, casos en que actúa como demandante.

Para asesorarse en ambos roles, la Procuraduría –que asume la representación legal del Estado– tiene contrato vigente con 14 estudios jurídicos: Estudio Luis Echecopar García S.R.L., Lalive, Dechert LLP, Curtis, Foley Hoag, Winston & Strawn LLP, Baker Botts, Latham & Watkins, Pérez Llorca, Lovill, Brigard & Urrutia, K&L Gates, Squire Patton Boggs y Baker & Mackenzie.

Con corte al 12 de octubre de este año, sus servicios le costaron al Estado $ 98,5 millones, de los cuales $ 80 millones fueron exclusivamente para defenderse. Los montos solo corresponden a los casos activos, pues si se suman los que concluyeron el presupuesto para abogados supera los $ 350 millones.

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