Cámaras Industrial y Minera reclaman seguridad jurídica para hacer inversiones

Ambos gremios demandaron más estabilidad para desarrollar proyectos mineros a gran escala que exigen inversiones a largo plazo

Ambos gremios demandaron más estabilidad para desarrollar proyectos mineros a gran escala que exigen inversiones a largo plazo/ Foto: cortesía Cámara de Minería del Ecuador

La Cámara de Industrias, Producción y Empleo y la Cámara de Minería de Ecuador reclamaron este martes garantías de estabilidad y seguridad jurídica al sector minero y rechazaron la celebración de consultas populares contra actividades extractivas.

En un comunicado conjunto, ambos gremios demandaron más estabilidad para desarrollar proyectos mineros a gran escala que exigen inversiones a largo plazo, sin el riesgo de que la población impulse un plebiscito que ordene la paralización y desmantelamiento de las minas.

Esto después de que en agosto se celebraron dos plebiscitos contra actividades extractivas que lograron un amplio apoyo de la población, tanto para cesar la explotación en la Amazonía del Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos de petróleo más importante del país, como la prohibición de hacer cualquier tipo de minería en el Chocó Andino, un espacio de bosques andinos situado parcialmente dentro del área metropolitana de Quito.

"El futuro del país no puede estar condicionado a consultas populares y decisiones judiciales impulsadas por ciertos sectores que no representan a la totalidad de la población, y menos aún a las zonas que más necesitan esos ingresos", apuntaron las dos cámaras en su comunicado.

"Varias de estas decisiones ocurren años o décadas después de que las empresas ya establecieron sus operaciones de exploración lo que representa millonarias inversiones, provoca que los inversionistas perciban un alto riesgo para aterrizar su capital, y prefieran irse", añadieron.

Los dos gremios recordaron que, "debido a esto, el país enfrenta algunos arbitrajes internacionales que, en caso de resolverse desfavorablemente para el Estado, el país debe pagar indemnizaciones millonarias".

La Cámara de Industrias y la Cámara de Minería aseveraron que "la prohibición de las actividades mineras legales y formales no acabará con la explotación de los recursos" y que, como efecto opuesto, "aumentan la amenaza del avance de la minería ilegal y los delitos conexos como el tráfico de personas y de especies, la tala ilegal y el narcotráfico".

Récord de exportaciones mineras

En ese sentido, destacaron el crecimiento que han tenido las exportaciones mineras en Ecuador, que se han multiplicado por diez entre 2018 y 2022, cuando se alcanzó el récord de 2.775 millones de dólares, un 32,64 % más que 2021.

Esto situó a los minerales como el cuarto producto con mayor valor de exportaciones de Ecuador, solo superado por el petróleo, el camarón y el banano.

Este auge minero de Ecuador se debe principalmente a las dos minas a gran escala que comenzaron a funcionar desde 2019: la cuprífera Mirador y la aurífera Fruta del Norte, ambas en la sureña provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú.

"A futuro la proyección es que más proyectos empiecen a operar, sin embargo, están detenidos en su proceso de licenciamiento. Se calcula que para el 2029 las exportaciones mineras alcancen un total de 9.217 millones de dólares con la entrada de nuevos proyectos", señalaron ambas cámaras.

Proyectos paralizados

Es el caso de los proyectos mineros Curipamba y La Plata, en las andinas provincias de Bolívar y Cotopaxi, respectivamente, que "están paralizados debido a la falta de licencias ambientales".

Mientras, en el caso del proyecto Loma Larga, en la sureña provincia andina de Azuay, un tribunal lo dejó suspendido hasta la realización de una consulta previa y de una posterior consulta ambiental en la zona de influencia de la mina.

"Solo estos tres proyectos suman cerca de 1.000 millones de dólares de inversiones", apuntaron las dos cámaras en su comunicado.

Ambas cámaras lamentaron que "la oposición minera ha llegado a impactar no solo a la industria contra la cual lucha, sino también a otros sectores productivos" con el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Decreto 754, al considerar que afecta a los derechos fundamentales de consulta previa de las nacionalidades indígenas.

Con ese instrumento legal el Gobierno buscaba acelerar los trámites para más de 176 proyectos que no pueden avanzar sin licencia ambientales, entre ellos hospitales, plantas de tratamiento de agua y haciendas turísticas, con un valor en conjunto de inversiones de más de 2.000 millones de dólares.

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